Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la inauguración del Foro contra el odio.

La ausencia de una mayoría parlamentaria estable ha situado al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición de debilidad que le obliga a negociar cada votación y, en algunos casos, a asumir derrotas. Un contexto desfavorable en el que el Ejecutivo ha optado por posponer o reducir aquellos espacios institucionales en los que su fragilidad podría hacerse más visible, limitando así determinados mecanismos de deliberación y control parlamentario.

Estas prácticas, en buena medida, responden a la lógica de un gobierno en minoría. Cuando las mayorías son inestables y cada votación implica un riesgo, el Ejecutivo tiende a evitar escenarios en los que su debilidad pueda traducirse en derrotas parlamentarias. La selección de los debates, el recurso a instrumentos ejecutivos o el control de los tiempos legislativos le permiten mantener la iniciativa política sin exponerse continuamente a una aritmética incierta.

El problema son sus repercusiones institucionales. La reducción de debates generales, la escasa presencia del presidente en el Senado o el bloqueo de iniciativas legislativas limitan las funciones deliberativa y de control del Parlamento. Una dinámica que contrasta con el discurso del propio Gobierno sobre la regeneración democrática, cuyo plan plantea reforzar la calidad del debate público y revitalizar instrumentos parlamentarios como la celebración anual del debate sobre el estado de la nación. La distancia entre ese discurso y la praxis resulta, por ello, difícil de obviar: más allá de las dificultades de gobernar en minoría, la legislatura evidencia hasta qué punto la estabilidad gubernamental puede terminar desplazando el equilibrio institucional hacia el Ejecutivo y debilitar los espacios de control y deliberación propios del parlamentarismo. Y eso es algo que difícilmente contribuye a reforzar la calidad democrática.

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