1 Las víctimas y los victimadores

La crisis que esta atravesado Bolivia entre los primeros meses de 2026 exige un examen frontal y desapasionado. Detrás de los bloqueos de carreteras, de los discursos encendidos y de las negociaciones políticas fallidas, existe un saldo de víctimas inocentes que no firmaron pactos ni acuerdos, no marcharon violentamente por reivindicaciones corporativas, pero que pagaron con su vida, su integridad o su sustento el costo de una protesta que cruzó la línea roja del pacifismo constitucional. Los registros documentados por medios nacionales de prensa, redes sociales y reportes del sistema de salud confirman un patrón de violencia sistemática, cuatro fallecimientos directamente atribuibles al impedimento deliberado del paso de ambulancias en los puntos de bloqueo. Una turista de 56 años pereció en Desaguadero, una mujer de 40 años en la zona de Guanay, una niña de 9 años víctima de un accidente en contexto de caos vial, y un menor de 12 años en Llallagua Potosí, al no poder ser trasladado a tiempo a un centro de salud. Estas no son cifras abstractas; son rupturas irreversibles del derecho más fundamental, el derecho a la vida.

La violencia, sin embargo, no se limita a la esfera sanitaria. Se ha registrado el secuestro y agresión a efectivos policiales, la quema de vehículos oficiales y particulares, ataques con material explosivo en vías públicas, la destrucción de infraestructura judicial, del Ministerio de Educación, del sistema de teleférico y saqueos a comercios que atenta directamente al derecho a la propiedad. Al menos catorce agresiones contra periodistas que cubrían los hechos han sido documentadas, lo que configura un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información. Paralelamente, la paralización de más de sesenta puntos de bloqueo en carreteras nacionales ha dejado varados aproximadamente cinco mil camiones y un millar de pasajeros violentando su derecho a la libre circulación y generando un deliberado desabastecimiento crítico de alimentos, insumos médicos, oxígeno hospitalario y combustible. El sector turístico, vital para la economía de varios departamentos, ha acumulado pérdidas superiores millonarias de bolivianos. Este entramado de daños no es colateral ni fortuito; es el resultado previsible de una estrategia de presión criminal que, al sacrificar el funcionamiento básico del Estado y la circulación de bienes y personas, transforma la protesta en un mecanismo de coacción masiva.

En medio de este panorama de afectación, ciertos actores políticos y sindicales han asumido la vocería de la movilización con un discurso que, paradójicamente, invoca la defensa del PUEBLO mientras sus acciones lo victimizan. El 11 de mayo de 2026 se hizo público un pacto firmado por el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el Senador Nilton Condori y dirigentes de los Ponchos Rojos, donde se rechaza explícitamente el diálogo y se establece que las movilizaciones se mantendrán “hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”. Argollo, pese a contar con orden de detención, reapareció en un video ratificando la continuidad de la lucha. El senador Condori advirtió que, de persistir el gobierno, el desenlace no será positivo e incluso refirió que se desataría una guerra civil y una revolución sangrienta, el diputado Brayan Casas declaró que los ciudadanos tienen “todo el derecho de sacarlo” al mandatario y propuso al vicepresidente Edmand Lara como sucesor inmediato. Lara, por su parte, se autoproclamó opositor activo dentro del propio gobierno, afirmando que el presidente “se ha olvidado del discurso popular”. A esto se suma la postura del expresidente Evo Morales, exigiendo elecciones en noventa días, y la sentencia del dirigente Walter Poma, “No queremos diálogo, se va de........

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