Las pruebas de delitos contra la voluntad popular son tantas que nos llevan a la disyuntiva gravísima: o nos tragamos el sapo de las “irregularidades” y seguimos con el proceso electoral, o se declara la nulidad total y vamos a una nueva convocatoria. Especialmente en Lima, aunque también en muchas provincias, se han producido anomalías tan clamorosas que calificarlas de simples “errores” resulta una tomadura de pelo. Es incuestionable que hubo colusión en el transporte y distribución del material electoral y no se garantizó la fundamental cadena de custodia de las cédulas de votación, los equipos de cómputo, etc. Por eso hoy hay dos funcionarios detenidos de la ONPE,........

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