Ha transcurrido un año desde aquella noche del 9 de octubre de 2025 en la que el Congreso de la República decidió poner fin a mi mandato como presidenta del Perú. No escribo estas líneas para pedir una reivindicación personal ni para reabrir el debate sobre mi gobierno. Los gobiernos terminan y quienes ejercemos el poder debemos someternos al juicio ciudadano y al juicio de la historia. Pero el tiempo también permite mirar los acontecimientos con mayor claridad y decir aquello que, en medio de la confrontación política, muchas veces resulta imposible decir. Mi vacancia puso nuevamente frente al país un problema que el Perú ha postergado durante demasiado tiempo; la utilización de la llamada “permanente incapacidad moral” para retirar a un presidente de la República. Debemos llamarlo por su nombre. Se trata de una figura peligrosamente abierta, cuyo contenido nunca ha sido delimitado con la precisión que corresponde a una decisión tan grave como interrumpir el mandato de quien ejerce la Presidencia. Y allí aparece una paradoja difícil de explicar a cualquier ciudadano. Para separar a un trabajador o sancionar a un funcionario, el Estado exige procedimientos, imputaciones determinadas, oportunidad de defensa y valoración de los hechos. Sin embargo, para retirar al presidente de la República puede resultar suficiente que una mayoría parlamentaria considere que determinados acontecimientos configuran una “incapacidad moral” cuyo contenido sigue sin estar claramente definido. No sostengo que un presidente deba ser inmune. Todo lo contrario. Un presidente debe responder por sus actos y el Congreso tiene el deber de fiscalizar, investigar y controlar políticamente al Gobierno. Pero fiscalizar no significa tener la potestad de convertir una valoración política en una sentencia sobre la dignidad de una persona. Ese es el límite que debemos discutir. Porque cuando una causal constitucional es tan abierta, existe el riesgo de que intereses políticos distintos e incluso contradictorios encuentren un único punto de coincidencia; conseguir los votos suficientes para remover a quien ocupa la Presidencia. Y entonces ocurre algo todavía más grave. La mayoría parlamentaria no solamente pone término a un mandato. Puede construir, en unas cuantas horas, una narrativa sobre una persona, atribuirle hechos y responsabilidades y transformar una votación política en un juicio........

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