El Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, ofrece la posibilidad de prorrogar miles de contratos de alquiler que finalizan entre este año y el siguiente. En un contexto de riesgos inflacionarios por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y el Líbano, especulación inmobiliaria y más de 600.000 contratos de alquiler en riesgo de extinción, esta norma introduce una prórroga extraordinaria de dos años para los arrendamientos de vivienda habitual. Su objetivo es claro: proteger a los inquilinos y evitar desahucios masivos en un mercado donde el precio de la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para miles de familias.

¿Hasta qué punto es una medida proporcional y jurídicamente sólida?

La crisis de vivienda no es nueva y se viene agravando en los últimos años. Según el Informe de Intermón Oxfam publicado el 18 de marzo, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres........

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