Nuevamente la Suprema Corte del Acordeón deja el sabor amargo de la vergüenza institucional, pero esta vez no por la ignorancia habitual disfrazada de sensibilidad social, sino por la peligrosa declaración de Lenia Batres: "La Corte debe contribuir a una mejor distribución de la riqueza en lugar de concentrarla".

Mientras se discutía el proyecto que buscaba resolver si los recursos de las cuentas individuales de AFORE de trabajadores fallecidos, entregados a sus herederos o beneficiarios deben pagar Impuesto Sobre la Renta, la ministra Batres dijo: “(Es) una situación injusta respecto de que no se gravan el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos, estos retiros, porque yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Tanto en este caso como en el caso de la herencia y el legado, una persona recibe algo que no provino de su esfuerzo… y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales. Entonces, yo creo que debe gravarse”, asumiendo que la Corte debe tomar acciones para distribuir la riqueza mediante impuestos a quienes reciben recursos sin haber generado la ganancia.

El problema es que la ministra de la Corte no se limitó a razonar sobre el alcance de una posible causación fiscal, la naturaleza jurídica de los recursos o la interpretación estricta de una norma tributaria, sino que introdujo en el corazón del juicio constitucional una tesis de ingeniería social, exponiendo un evidente desconocimiento de su función.

Cuando un juez constitucional confunde su labor con la de distribuir riqueza, deja de verse como guardián de la Constitución y empieza a imaginarse legislador moral de........

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