Análisis La “peruanización” argentina avanza a trompicones

Ni Dinamarca, ni Noruega: Argentina quiere ser Perú. O al menos es lo que abiertamente defienden el gobierno actual y sus aliados. Su horizonte se sitúa así en un país con enormes desigualdades sociales y una inestabilidad política estructural. Pero que, gracias al blindaje normativo de su arquitectura económica liberal, así como al impulso del extractivismo como vía de inserción primario-exportadora en los mercados globales, ha conseguido mantener un equilibrio macroeconómico estable, deslindado en última instancia de su realidad político-social.

Resolver vía extractivismo y explotación masiva de los bienes naturales el histórico desequilibrio exterior argentino –en función del cual el valor y el flujo de dólares condicionan  absolutamente la agenda nacional– es precisamente, cueste lo que cueste, el objetivo inequívoco del proyecto económico de Milei.

Incluso al extremo de transformar el relato aspiracional de un país semiperiférico –relativamente industrializado y soberano– y europeizante, que ya no se mira en el viejo continente ni apunta al imaginario de capitalismo inclusivo que Dinamarca representó durante décadas. Ni siquiera se proyecta hacia una Noruega que, excepción a la regla, logró avanzar en términos de escalamiento industrial de su matriz económica a partir de una materia prima como el petróleo. Al contrario, la “utopía argentina” actual se refleja en el retrovisor, desandando el camino hacia una economía de enclave explícitamente periférica –surtidora de suministros clave para las principales cadenas internacionales de valor–, y en función de una agenda política supeditada a los intereses de unos Estados Unidos en declive, empeñados virulentamente en la defensa de su hegemonía en un contexto global muy convulso.

2030 es la fecha que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) parece haber establecido como referencia para completar este proyecto que, en última instancia, supone un cambio profundo de la matriz económica argentina. Una matriz que asumiría una nítida vocación exterior, en función de lo que Martín Schorr define como el mandato exportador y de atracción de inversión extranjera directa (IED), compromisos ambos ineludibles si se pretende garantizar un flujo notable y sostenido de divisas que abunde en el tan ansiado equilibrio monetario.

La composición de esta nueva estructura económica se sostendría, en primer lugar, sobre la agroindustria de la soja y la carne, cuya capacidad de producción y exportación se pretende duplicar, previa reducción de las retenciones impositivas. En segundo término, sobre la extracción y comercialización internacional de petróleo y gas –prioritariamente mediante fracking–, a partir de una estrategia que toma el enorme yacimiento de Vaca Muerta como referencia. Tercero, en el desarrollo estratégico de la minería metálica –especialmente litio y cobre, aunque hipotéticamente también uranio y tierras raras, entre otros–, suministro imprescindible para los principales rubros del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga (energía, economía verde, semiconductores, IA, armamento, servicios bélicos, etc.), y sobre la que se han generado grandes expectativas tanto en la cordillera andina como en la Patagonia. Cuarto, en la proliferación de centros de datos, también en la Patagonia y en pos del avance de la inteligencia artificial generativa y sus derivadas bélicas, en este caso al servicio exclusivo de corporaciones estadounidenses.

Por último, y en quinto lugar, las finanzas ejercerían el rol de pegamento del conjunto del proyecto económico como vía de valorización de las ganancias, en el marco de una arquitectura económica fundamentalmente privatizada, corporativizada, abierta y desregulada.

La agenda económica del gobierno de Milei no es ni mucho menos ajena a la secuencia de ajustes clásicos que se han repetido a lo largo de la historia reciente del país

¿Será capaz este proyecto de transformación de la economía argentina de alcanzar un equilibrio monetario estable y sostenido? ¿Lograrán los nuevos sectores priorizados generar un flujo amplio y constante de inversiones y exportaciones a tal efecto? Son dos de las preguntas sobre las que reflexionaremos en los siguientes apartados. En todo caso, incluso si la meta macroeconómica se lograra, la peruanización de Argentina conlleva sí o sí, como ya hemos señalado, una serie de funestos impactos: industria nacional abandonada a su suerte, precarización e informalización laboral creciente y generalizada, expulsión de significativos sectores sociales de la dinámica económica, Estado social desmantelado, devastación ecológica, presión acrecentada sobre el agua y la tierra, más que probable cronificación de la inestabilidad política, etc. 

La utopía de unos pocos, en definitiva, convertida en distopía para las mayorías populares. Precisamente lo salvaje de su horizonte, la reversión del relato aspiracional nacional, así como el relativo carácter innovador de la agenda económica en marcha, han convertido a Argentina en un laboratorio económico de interés internacional. Una agenda con semejanzas pero también diferencias respecto de los cánones habituales de los ajustes liberales clásicos, así como de los parámetros hegemónicos en las extremas derechas a escala internacional.

El siguiente apartado se centrará precisamente en la disección de los principales hitos que han definido hasta la actualidad la agenda económica de Milei, destacando aquellos de especial escala y alcance. Conocer su naturaleza nos permitirá, en segundo término, realizar un balance más certero del desempeño y los impactos obtenidos hasta el momento para, finalmente, elucubrar sobre el futuro a medio plazo del proyecto de peruanización, tomando las elecciones presidenciales de 2027 como referencia. Plantearemos así, en un último apartado, una serie de posibles escenarios sobre el devenir de este distópico experimento, siempre con la cautela que exigen la incertidumbre y la inestabilidad que caracterizan tanto el contexto internacional como el nacional.

Laboratorio de una agenda económica ultraliberal

La agenda económica del gobierno de Milei no es ni mucho menos ajena a la secuencia de ajustes clásicos que se han repetido a lo largo de la historia reciente del país. Endeudamiento exterior masivo (ahora principalmente con el FMI y el Tesoro de EEUU), ajuste fiscal (sin parangón histórico en términos de escala) y apertura comercial, tres claves básicas de dichos ajustes, han supuesto y siguen suponiendo la base de su estrategia. 

No obstante, la radicalidad del horizonte definido, la profundidad de la transformación planteada en la matriz económica, en detrimento evidente de la industria nacional, así como la urgencia por atraer inversiones y movilizar exportaciones –máxime en un escenario global de relativo estancamiento, sobrecapacidad productiva y financiarización–, han obligado a innovar la caja de herramientas.

Partiendo así de un contexto político y económico propicio, se han impulsado una batería de medidas de gran calado, que incluso contradicen la lógica proteccionista habitual en las extremas derechas –con las que, no obstante, se sigue compartiendo todo tipo de relatos, políticas y actos clasistas, racistas y patriarcales–.

Estas responden a un triple objetivo complementario. Primero, la creación de un marco estructurado de disciplinamiento de la clase trabajadora y sus herramientas sindicales, siendo la reforma laboral aprobada a principios de 2026 la punta de lanza. Segundo, la autonomización de la dinámica económica respecto a la política y social, meta a la que respondería la estratégica reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hoy en situación de media sanción legislativa al haber sido aprobada en la Cámara de Diputados. Y tercero, el blindaje de una “alfombra roja” para el conjunto de grandes inversiones nacionales e internacionales en sectores estratégicos que, a su vez, también refuerza la lógica de autonomización de la economía ultraliberal respecto de cualquier otra consideración. Aquí se sitúan el vigente Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el súper-RIGI –aprobado en media sanción–, la reforma de la ley de Glaciares, y la fallida –al menos por el momento– Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En su conjunto, el proyecto de peruanización de Argentina lo apuesta todo al blindaje de unas condiciones óptimas para el aterrizaje de la inversión y el desarrollo del mandato exportador: estructuras y políticas económicas deslindadas de la contienda política y el mandato democrático, ayudas de todo tipo y a largo plazo para las grandes inversiones, marco de desmovilización y precarización de las condiciones laborales. 

Bajo esta premisa, analizamos someramente cada uno de los seis hitos destacados.

La reforma laboral vigente desde marzo de 2026 es absolutamente lesiva para los derechos de la clase trabajadora. Instaura la figura del “banco de horas”, permitiendo al empresariado disponer del tiempo concreto de los y las trabajadoras a partir de un cálculo general de horas anuales. Reduce el cómputo de las indemnizaciones por despido, cuya concreción además se facilita a través de un fondo de asistencia laboral (FAL) de obligatorio cumplimiento por los empleadores, que cubre el costo de eventuales indemnizaciones financiadas por la seguridad social. Debilita la negociación colectiva, llevándola al nivel de empresa y limitando la ultraactividad. Restringe el derecho a huelga en múltiples sectores de actividad, lo que en la práctica se convierte en una prohibición de facto, a partir de la reglamentación de los llamados servicios esenciales.

Por último, ahonda en la desfinanciación de la seguridad social vía........

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