​La crisis energética boliviana es económica, institucional, política y estructural; no se resolverá con decretos ni soluciones mágicas. Requiere una reforma integral del sector energético, con nuevas reglas para hidrocarburos y electricidad, mayor inversión, diversificación energética y una redefinición del papel del Estado. ​Pero mientras diseñamos la casa del futuro, hay que apagar el incendio de la cocina. Y hoy el incendio tiene dos nombres particularmente inflamables: escasez de diésel y gasolina, y una subvención fiscalmente insostenible. ​Dejemos clara desde el principio la dirección de largo plazo: Bolivia debe retirar completamente las subvenciones generalizadas a los combustibles y avanzar también hacia la racionalización de las subvenciones eléctricas, permitiendo que los precios reflejen progresivamente los costos económicos reales. No tiene sentido esconder indefinidamente el verdadero costo de la energía y esperar, además, que aparezcan inversiones, eficiencia y nuevas tecnologías. ​El desafío no es solo eliminar la subvención, sino hacerlo sin matar al paciente. Un nuevo gasolinazo enfrenta enormes restricciones políticas; por eso propongo el token de energía como mecanismo para focalizar, limitar y retirar gradualmente el subsidio. ​Bolivia ha tratado el problema como un interruptor: subsidio encendido o apagado. O combustibles baratos para todos hasta mandar al Tesoro a terapia intensiva, o precios reales de golpe esperando que las calles descubran las virtudes de la disciplina fiscal. En diciembre del 2025, el gobierno de Paz rompió esta dicotomía. La gente aceptó razonablemente el incremento de precios, pero se cometió el error de la gasolina contaminada. ​Pero esto no fue lo peor, la historia tiene un giro todavía más dramático. Dos meses después, el petróleo internacional subió y la subvención volvió sin pedir permiso. ​¿Cómo puede regresar algo que supuestamente habíamos eliminado? Muy sencillo: porque cambiamos el precio, pero no cambiamos el sistema. Bolivia compra buena parte de sus combustibles en dólares y a precios internacionales, pero los vende internamente a un precio fijado en bolivianos.  Cuando afuera sube el petróleo y aquí el precio permanece quietito, alguien tiene que pagar la diferencia. Ese alguien es el Estado. Es decir, usted, yo y hasta el ciudadano que anda en bicicleta. ​La propuesta del token de energía intenta cambiar precisamente esa lógica. La idea puede resumirse en una frase: en lugar de subsidiar litros, subsidiemos personas o sectores. Y, sobre todo, pongámosle un límite a la cuenta. ​¿Qué diablos es un token de energía?  El token no es Bitcoin, no es una criptomoneda, no es una fichita y tampoco es un papelito que pueda revenderse el domingo en la Pérez Velasco. Es un derecho individual acotado, denominado en unidades de energía.  Piense en los gigas de su celular. Su plan le entrega 10 gigas al mes. Usted no recibe 10........

© El Potosí