El desahucio de Maricarmen ha sido el catalizador para el Gobierno y las fuerzas progresistas se pongan manos a la obra. El plan es llegar al martes con los deberes hechos en una negociación que ya obligó a aplazar anteriores tentativas. El PSOE quiere recuperar el decreto de vivienda, crucial para el rush finale de la legislatura, y llevarlo al Congreso con opciones reales de convalidación. El nivel de dificultad es extremo, pues para conseguirlo necesita un texto que concilie a fuerzas que mantienen diferencias relevantes en materia de alquileres, grandes propietarios, incentivos fiscales e incluso competencias autonómicas.

Así las cosas, el margen es más que estrecho. Moncloa tenía previsto en su hoja de ruta aprobar el decreto antes del verano, pero lo postergó ante la falta de apoyos para garantizar su recorrido parlamentario. El desahucio de Maricarmen y las posteriores movilizaciones sociales en las calles del país han servido de aviso tanto para el Gobierno como para sus socios. El pueblo ha lanzado un mensaje directo a sus representantes, clarificando que la batalla política está en la parcela de la vivienda. De ahí que las conversaciones entre grupos se aceleren y crezca la presión para cerrar un acuerdo “a contrarreloj”, como señalaba este domingo en Getafe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La complejidad no se ciñe únicamente a la captación de votos, sino que reside en concebir un contenido asumible para todos los grupos. Un puzle que contiene piezas imperfectas. Sumar exige reforzar la protección de los inquilinos. Junts, por su parte, acepta actuar contra determinados fondos buitre, pero exige un blindaje al pequeño propietario. Podemos amenaza con descabalgarse del acuerdo si el texto se descafeína para atraer a fuerzas de tinte conservador; y el PNV se mantiene fiel a su prudencia habitual, entre llamadas al consenso y el respeto profundo a las competencias autonómicas.

Para el PSOE, la primera piedra llegará tras la celebración del Consejo de Ministros. Un real decreto entra en vigor tras su aprobación, pero debe tener el visto bueno del Congreso en el plazo previsto por la Constitución Española. Dicha exigencia explica buena parte de la cautela con la que se mueven los socialistas, especialmente tras las numerosas derrotas parlamentarias que han........

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