Tal y como se refleja en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregará a diferentes empresas privadas la explotación de más de 500 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible para que sean estas las que inviertan en la construcción pero también las que cobren las rentas hasta dentro de 75 años, es decir, hasta principios del siglo XXII. 

Durante este periodo, las empresas adjudicatarias estarán exentas de pagar un canon al Ejecutivo regional por la explotación de seis parcelas en Hortaleza, San Blas-Canillejas y Los Berrocales y la Comunidad de Madrid asumirá el pago del IBI, siempre y cuando los interesados no muestren su voluntad de hacerlo. Este más de medio millar de viviendas costarán a las empresas cerca de 100 millones de euros y, según se desprende del portal de contratación, la previsión de ingresos brutos acumulados para las empresas se sitúa por encima de los 350 millones a precios constantes de 2026 durante los 75 años que dura la concesión. 

En líneas similares a lo anterior, en los pliegos de las tres licitaciones se recoge que “el adjudicatario-superficiario no solo asumirá la obligación de construir el inmueble de vivienda protegida, sino también su posterior gestión, mantenimiento, conservación y explotación”. Es decir, las empresas que resulten adjudicatarias recuperarán el dinero con las rentas, con una rentabilidad estimada próxima al 7% anual, que la Administración considera “en línea con el........

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