El Partido Popular de Madrid conoce bien la geometría de las guerras intestinas. Desde hace décadas, la federación madrileña ha sido escenario de relevos abruptos, camarillas enfrentadas, filtraciones interesadas, ajustes de cuentas y batallas por el control del aparato. El actual episodio que rodea a Isabel Díaz Ayuso no constituye, por tanto, una anomalía en la historia del partido, aunque sí presenta una inquietante familiaridad con algunos de sus capítulos más turbulentos.

La polémica por la compra, a través de una empresa pública, de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros —operación que posteriormente fue puesta en venta— ha colocado nuevamente a Ayuso ante una combinación especialmente incómoda: interrogantes sobre su gestión, explicaciones que han ido mutando y un entorno político obligado a cerrar filas mientras desde dentro del propio espacio conservador aparecen informaciones que cuestionan la solidez de su liderazgo. La adquisición se conoció a finales de julio y la Comunidad de Madrid decidió posteriormente desprenderse del inmueble. 

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El episodio llega, además, después de un verano políticamente áspero para la presidenta, marcado por la controversia de su viaje a México y por las informaciones sobre contratos relacionados con su entorno familiar. En paralelo, la dirección nacional del PP ha mantenido una distancia prudente respecto a la polémica del ático, remitiendo buena parte de las preguntas al entorno inmediato de la presidenta.

La consecuencia es un escenario paradójico: Ayuso conserva un formidable poder territorial, pero afronta una crisis en la que el enemigo ya no se encuentra únicamente enfrente. Parte del ruido procede de las mismas estructuras políticas que deberían actuar como escudo.

La memoria de “no son cremas, son aviones”

Para comprender la sensibilidad del PP madrileño ante las filtraciones, hay que regresar a noviembre de 2021. Por entonces, la pugna por el control del partido regional había dejado de ser una disputa soterrada para convertirse en una guerra abierta entre Ayuso, Génova y los diferentes núcleos de poder que orbitaban alrededor de ambas estructuras.

El contrato de mascarillas adjudicado durante la pandemia a Priviet Sportive, por alrededor de 1,5 millones de euros, puso el foco sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. Las informaciones periodísticas señalaron que había percibido una contraprestación de la empresa vinculada al contrato. Ayuso defendió que se trataba de una relación comercial legal y negó haber intervenido para beneficiar a su hermano.

Pero el asunto adquirió una dimensión mucho mayor cuando trascendió que desde sectores próximos a la dirección nacional del PP se había intentado investigar al entorno de la presidenta y que, según las informaciones publicadas entonces, se llegó a contactar con detectives privados. La dirección nacional negó haber ordenado un espionaje y sostuvo que su actuación había consistido en investigar un contrato que consideraba susceptible de escrutinio. 

Fue en aquel contexto cuando quedó para la memoria política una frase que condensaba el carácter explosivo de la operación: “No son cremas, son aviones”.

Las cremas pertenecían al viejo episodio que terminó con Cristina Cifuentes; los aviones, a la nueva batalla que acabaría llevándose por delante a Pablo Casado. Dos símbolos de una misma patología: la........

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