La crisis boliviana de mayo de 2026 ya no puede interpretarse como un simple episodio de conflictividad coyuntural. Lo que emerge es una fractura orgánica entre el Estado y amplios sectores populares, una crisis de hegemonía donde las clases dominantes han perdido capacidad de dirección moral y material, mientras las clases subalternas todavía no logran construir una alternativa histórica unificada. El resultado es un equilibrio inestable, atravesado por tendencias democráticas, bonapartistas e incluso insurreccionales.

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira llegó al poder prometiendo estabilización y modernización liberal, pero terminó atrapado por las contradicciones estructurales de la economía boliviana: agotamiento del ciclo gasífero, dependencia importadora de combustibles, debilitamiento de las reservas internacionales y fragmentación social. La brecha cambiaria cercana al 48%, con un dólar oficial de Bs 6,96 y un referencial del BCB en Bs 10,32, expresa materialmente la pérdida de confianza de las capas medias y del mercado en la capacidad del Estado para sostener el viejo orden monetario.

Sin embargo, la crisis no es solamente económica. Es, sobre todo, una crisis de representación política. El viejo bloque nacional-popular articulado durante el ciclo masista se encuentra desintegrado y desprestigiado. El propio MAS aparece reducido a una presencia marginal parlamentaria, incapaz de conducir nuevamente a los movimientos sociales. En su lugar emerge una constelación dispersa de actores: COB, FEJUVE, mineros cooperativistas, campesinos Tupak Katari, choferes,........

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