El 27 de febrero de 2026, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y mató a 24 personas. Las investigaciones preliminares apuntan a sobrecarga y condiciones de la pista, no a falta de mantenimiento. Pero ese avión tenía casi 50 años de servicio, y hay un dato que no aparece en los informes técnicos: Bolivia lleva décadas sin renovar su flota porque no tiene los recursos para hacerlo.

Ayer, 5 de marzo, la Oficina del Presidente informó “fallas inusuales detectadas en el avión presidencial durante un vuelo doméstico”. Siete días después del accidente del Hércules, el presidente Rodrigo Paz viaja a Miami en una línea aérea comercial para reunirse con el presidente estadounidense en el Trump National Doral.

El corolario Trump y la soberanía negociada

La Cumbre Escudo de las Américas del 7 de marzo no es una reunión de vecinos en pie de igualdad. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada a fines de 2025 establece lo que los analistas llaman el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”: Washington buscará negar a China la capacidad de poseer o controlar activos estratégicos en América Latina. Minerales, rutas, infraestructura. El representante comercial Jamieson Greer lo dijo sin rodeos: prefiere una producción ineficiente de un aliado a una producción eficiente de un rival estratégico.

En ese tablero, Bolivia es una pieza de valor extraordinario. Y Washington lo sabe.

Los presidentes invitados (Milei, Kast, Noboa, Bukele, Peña, Asfura, Paz) son convocados como si Trump les ofreciera membresía en un club exclusivo: libertad, seguridad, prosperidad. Lo que no dice la invitación es quién fija las reglas, quién paga la cuota, y qué pasa si un socio decide no renovar. La lógica es transaccional: alinearse con Washington traerá préstamos y acceso a tecnología, promesas sujetas al ingreso de empresas extractivas específicas con condiciones que fija el acreedor.

Bolivia llegó a esta encrucijada en el peor momento económico de su historia reciente. Según indicadores del FMI compilados por organismos internacionales, la deuda pública total de Bolivia, externa e interna, alcanzó alrededor del 95% del PIB en 2024. Las Reservas Internacionales Netas (RIN), que llegaron a 15.000 millones de dólares en 2014, cayeron a 1.976 millones al cierre de 2024, con solo 47 millones en divisas líquidas disponibles, según el Banco Central de Bolivia. La inflación cerró 2025 en 20,40%, la más alta del siglo XXI en Bolivia, según el INE.

En enero de 2026, el gobierno declaró emergencia energética y social. Bolivia importa el 90% del diésel que consume y alrededor del 56-59% de su gasolina —cifras reconocidas por el propio gobierno ante la caída de producción de hidrocarburos. En 2024, el país gastó en importar combustibles más de tres veces lo que ingresó por exportar gas: 3.600 millones de dólares en compras versus 1.200 millones en ventas, según el analista energético Álvaro Ríos. El país que antes exportaba energía ahora la importa subsidiada, sin divisas para pagarlo.

También en enero de 2026, las RIN mejoraron a más de 3.500 millones gracias a un crédito de emergencia de 450 millones de la CAF. Bolivia resolvió la urgencia inmediata con un préstamo externo bajo condiciones que fija el acreedor.

La presión para ceder es enorme. Y ahí está la trampa.

El inicio de las frustraciones: padre, tío e hijo ante el mismo salar

Para entender el momento actual, hay que volver a la cuarta gestión de Víctor Paz Estenssoro, cuando Bolivia comenzó a negociar en serio el aprovechamiento del litio. En 1989, su gobierno tenía todo listo para firmar el contrato con Lithco, para explotar Uyuni por 40 años. Pero Paz Estenssoro prefirió dejarle el tema a su sobrino Jaime Paz Zamora, quien —según documenta el periodista Juan José Toro Montoya— firmó una contratación directa que vulneró el artículo 3 de la ley 719, que exigía licitación pública internacional.

Lo que impidió que las condiciones originales del contrato secreto de Lithco se ejecutaran fue la resistencia civil de Potosí: una huelga de hambre de nueve días en La Paz y otra de ocho en Potosí. Ante las presiones, Jaime Paz decidió retroceder. El organismo estatal Ciresu convocó entonces a licitación internacional y la ganadora fue la FMC Lithium Division, empresa de la que Lithco era subsidiaria. El contrato se firmó el 14 de febrero de 1992 y fue validado en el Congreso. Pero 13 días después se promulgó la Ley 1314, que elevó el Impuesto al Valor Agregado del 10 al 13%, y cuando se intentó aplicar el ajuste al contrato con la FMC, la empresa optó por no invertir y se marchó. Concluye Toro Montoya que ese fue “el inicio de una serie de frustraciones sobre el litio en Bolivia”.

Treinta y tres años después, el hijo de Jaime Paz Zamora, y sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, llega al mismo cruce de caminos con el mismo recurso, las mismas potencias al otro lado de la mesa y el mismo apuro fiscal. Más que una metáfora, es historia literal. Y parecemos obligados a mirar si el círculo puede romperse, o solo repetirse con nuevos nombres.

Argentina: producción sin soberanía

Si Bolivia hubiera cedido entonces como Argentina cedió después, hoy estaría produciendo litio a escala industrial sin control real sobre ese proceso.

Argentina produce mucho litio. En 2024 superó las 71.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y proyecta más de 130.000 para 2026. Pero vale la pena mirar quién decide.

En Argentina los recursos del subsuelo son provinciales, no nacionales. Jujuy, Salta y Catamarca negocian individualmente, sin coordinación federal ni........

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