El 27 de febrero de 2026, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y mató a 24 personas. Las investigaciones preliminares apuntan a sobrecarga y condiciones de la pista, no a falta de mantenimiento. Pero ese avión tenía casi 50 años de servicio, y hay un dato que no aparece en los informes técnicos: Bolivia lleva décadas sin renovar su flota porque no tiene los recursos para hacerlo.

Ayer, 5 de marzo, la Oficina del Presidente informó “fallas inusuales detectadas en el avión presidencial durante un vuelo doméstico”. Siete días después del accidente del Hércules, el presidente Rodrigo Paz viaja a Miami en una línea aérea comercial para reunirse con el presidente estadounidense en el Trump National Doral.

El corolario Trump y la soberanía negociada

La Cumbre Escudo de las Américas del 7 de marzo no es una reunión de vecinos en pie de igualdad. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada a fines de 2025 establece lo que los analistas llaman el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”: Washington buscará negar a China la capacidad de poseer o controlar activos estratégicos en América Latina. Minerales, rutas, infraestructura. El representante comercial Jamieson Greer lo dijo sin rodeos: prefiere una producción ineficiente de un aliado a una producción eficiente de un rival estratégico.

En ese tablero, Bolivia es una pieza de valor extraordinario. Y Washington lo sabe.

Los presidentes invitados (Milei, Kast, Noboa, Bukele, Peña, Asfura, Paz) son convocados como si Trump les ofreciera membresía en un club exclusivo: libertad, seguridad, prosperidad. Lo que no dice la invitación es quién fija las reglas, quién paga la cuota, y qué pasa si un socio decide no renovar. La lógica es transaccional: alinearse con Washington traerá préstamos y acceso a tecnología, promesas sujetas al ingreso de empresas extractivas específicas con condiciones que fija el acreedor.

Bolivia llegó a esta encrucijada en el peor momento económico de su historia reciente. Según indicadores del FMI compilados por organismos internacionales, la deuda pública total de Bolivia, externa e interna, alcanzó alrededor del 95% del PIB en 2024. Las Reservas Internacionales Netas (RIN), que llegaron a 15.000 millones de dólares en 2014, cayeron a 1.976 millones al cierre de 2024, con solo 47 millones en divisas líquidas disponibles, según el Banco Central de Bolivia. La inflación cerró 2025 en 20,40%, la más alta del siglo XXI en Bolivia, según el INE.

En enero de 2026, el gobierno declaró emergencia energética y social. Bolivia importa el 90% del diésel que consume y alrededor del 56-59% de su gasolina —cifras reconocidas por el propio gobierno ante la caída de producción de hidrocarburos. En 2024, el país gastó en importar combustibles más de tres veces lo que ingresó por exportar gas: 3.600 millones de dólares en compras versus 1.200 millones en ventas, según el analista energético Álvaro Ríos. El país que antes exportaba energía ahora la importa subsidiada, sin divisas para pagarlo.

También en enero de 2026, las RIN mejoraron a más de 3.500 millones gracias a un crédito de emergencia de 450 millones de la CAF. Bolivia resolvió la urgencia inmediata con un préstamo externo bajo condiciones que fija el acreedor.

La presión para ceder es enorme. Y ahí está la trampa.

El inicio de las frustraciones: padre, tío e hijo ante el mismo salar

Para entender el momento actual, hay que volver a la cuarta gestión de Víctor Paz Estenssoro, cuando Bolivia comenzó a negociar en serio el aprovechamiento del litio. En 1989, su gobierno tenía todo listo para firmar el contrato con Lithco, para explotar Uyuni por 40 años. Pero Paz Estenssoro prefirió dejarle el tema a su sobrino Jaime Paz Zamora, quien —según documenta el periodista Juan José Toro Montoya— firmó una contratación directa que vulneró el artículo 3 de la ley 719, que exigía licitación pública internacional.

Lo que impidió que las condiciones originales del contrato secreto de Lithco se ejecutaran fue la resistencia civil de Potosí: una huelga de hambre de nueve días en La Paz y otra de ocho en Potosí. Ante las presiones, Jaime Paz decidió retroceder. El organismo estatal Ciresu convocó entonces a licitación internacional y la ganadora fue la FMC Lithium Division, empresa de la que Lithco era subsidiaria. El contrato se firmó el 14 de febrero de 1992 y fue validado en el Congreso. Pero 13 días después se promulgó la Ley 1314, que elevó el Impuesto al Valor Agregado del 10 al 13%, y cuando se intentó aplicar el ajuste al contrato con la FMC, la empresa optó por no invertir y se marchó. Concluye Toro Montoya que ese fue “el inicio de una serie de frustraciones sobre el litio en Bolivia”.

Treinta y tres años después, el hijo de Jaime Paz Zamora, y sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, llega al mismo cruce de caminos con el mismo recurso, las mismas potencias al otro lado de la mesa y el mismo apuro fiscal. Más que una metáfora, es historia literal. Y parecemos obligados a mirar si el círculo puede romperse, o solo repetirse con nuevos nombres.

Argentina: producción sin soberanía

Si Bolivia hubiera cedido entonces como Argentina cedió después, hoy estaría produciendo litio a escala industrial sin control real sobre ese proceso.

Argentina produce mucho litio. En 2024 superó las 71.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y proyecta más de 130.000 para 2026. Pero vale la pena mirar quién decide.

En Argentina los recursos del subsuelo son provinciales, no nacionales. Jujuy, Salta y Catamarca negocian individualmente, sin coordinación federal ni posición común. El resultado es que la compañía anglo-australiana Rio Tinto adquirió en octubre de 2024 a Arcadium Lithium por 6.700 millones de dólares, consolidando en una sola empresa de capitales extranjeros los proyectos Olaroz y Cauchari en Jujuy, Fénix y Sal de Vida en Catamarca, adquiridos con Arcadium, y el proyecto Rincón en Salta, que Rio Tinto ya controlaba desde 2022, donde proyecta invertir otros 2.000 millones.

Los analistas estiman que Rio Tinto controlará alrededor del 10% del suministro mundial de litio para 2030, con base operativa en el noroeste argentino. Con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa Milei, las empresas reciben estabilidad jurídica por 30 años y regalías de apenas el 3 al 5% calculadas sobre el valor declarado en boca de mina —sin auditoría efectiva. “El régimen tributario del litio, y ahora con el RIGI mucho más que antes, solamente está pensado para atraer inversión privada y no para planificar desarrollo, ni mucho menos para cuidar el territorio”, dice la economista Candelaria Oviedo, de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Como resultado, las provincias productoras registran tasas de pobreza superiores al 40% y el litio generó en toda la región apenas 5.124 empleos directos en 2024, según la Secretaría de Minería de la Nación.

Es lo que Potosí evitó en 1993.

Chile: el salar del yerno

Chile es el mayor productor de litio del mundo, con 296.000 toneladas en 2024. Opera con la maquinaria industrial más sofisticada de la región. Y, sin embargo, la historia de cómo llegó ahí es la de una de las apropiaciones privadas más llamativas del siglo XX latinoamericano.

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) fue privatizada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su principal beneficiario fue Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal cuyo vínculo con el proceso fue explícito: era el yerno del dictador.

Pinochet lo designó director ejecutivo de la CONAF en 1974 y luego gerente de empresas de la CORFO, cargo desde el que supervisó empresas como Endesa, Enami, la Compañía de Teléfonos y la propia SQM. Una vez fuera del gobierno, consolidó su control sobre la compañía mediante un entramado de sociedades que la justicia chilena llamó “cascadas” —Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera— que le permitían controlar la empresa con una fracción mínima de la propiedad real.

En 1988, cuando se completó la privatización, Corfo recibió apenas 118 millones de dólares por una empresa que hoy genera eso en semanas. En 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei, el Estado le otorgó a SQM la concesión del Salar de Atacama hasta 2030: derecho a extraer 180.000 toneladas de litio a cambio de una renta fija de 15.000 dólares anuales más un canon del 6,8% sobre ventas que, según la propia auditoría de Corfo en 2010, nunca tuvo fiscalización efectiva; SQM negó las diferencias detectadas y no realizó los pagos reclamados. Ponce Lerou, mientras tanto, financió campañas políticas de candidatos de todos los signos para proteger el negocio, según documentaron investigaciones del Ministerio Público.

En 2025, bajo la Estrategia Nacional del Litio del presidente Boric, Codelco formó una alianza con SQM para operar el Salar de Atacama entre 2025 y 2060. El Estado chileno recuperó así presencia en la explotación (Codelco tiene el 50% más una acción), pero lo hizo asociándose con una empresa cuyos contratos nacieron en la dictadura y fueron blindados por décadas de financiamiento político, y cuya estructura de propiedad nunca fue investigada: la privatización de SQM estuvo dentro de los acuerdos que Pinochet firmó con la oposición antes de entregar el poder en 1989, como parte del precio de la transición a la democracia.

La lección no es que el litio chileno esté mal administrado hoy. Es que cuando un Estado no actúa con decisión soberana desde el principio, termina negociando en condiciones que siempre favorecen al que llegó primero; y pagando décadas después el costo de haberlo dejado pasar.

Sin aristas no hay negocio

Bolivia, Argentina y Chile concentran alrededor del 55% de los recursos mundiales conocidos de litio. Los tres juntos tendrían el poder de negociación que ninguno tiene por separado.

Desde agosto de 2021 existe el Foro Permanente de Diálogo Técnico sobre Innovación, Desarrollo Tecnológico y Agregación de Valor al Litio, facilitado por la CEPAL, que integra a YPF Tecnología de Argentina, Yacimientos de Litio Bolivianos y la CORFO de Chile, con México sumado después. Han realizado cinco talleres presenciales, incluido uno en La Palca, Potosí.

La CEPAL calificó el espacio como “trascendental” y advirtió que existe “una corta ventana de oportunidad de una década” para que los países aprovechen su posición. “Sería una locura pensar que cualquiera de nuestros países por separado avance solo en la industrialización del litio”, dijo el analista boliviano Juan Carlos Zuleta.

Sin embargo, el investigador Bruno Fornillo, del CONICET argentino, señala que Chile no tiene interés en construir una coordinación al estilo de la OPEP y que su posición se acerca más al libre mercado, lo que resume la tensión estructural que impide convertir el diálogo técnico en política exterior coordinada.

La razón es política y coyuntural: Argentina tiene a Milei, cuya política minera consiste en atraer capital extranjero sin condiciones estructurales. Chile tiene a Kast, ideológicamente alineado con el mismo modelo. Bolivia tiene a Paz, bajo presión para abrir el litio rápido. La coordinación regional que podría transformar el poder mineral en poder político es, por ahora, inviable.

Pero eso no significa que Bolivia no pueda actuar con inteligencia soberana dentro de sus fronteras. La ausencia de coordinación regional hace que la posición boliviana individual sea todavía más importante.

Cuánto tienes, cuánto vales

Bolivia tiene 21 millones de toneladas de litio cuantificadas como recursos en el Salar de Uyuni. La certificación fue realizada por la consultora SRK Consulting bajo estándar NI 43-101 (YLB, abril 2025). Son recursos, no reservas. “Bolivia no tiene ni una tonelada de litio en reservas certificadas”, advirtió el investigador Jorge Campanini del CEDIB en abril de 2025. La diferencia importa, pues las reservas son la fracción de recursos que puede extraerse y comercializarse con la tecnología disponible. Bolivia aún no sabe cuánto de lo que tiene puede realmente sacar.

En Coipasa y Pastos Grandes, YLB cuantificó otros 2 millones de toneladas en recursos inferidos, pendientes de certificación. Bolivia tiene además numerosos salares no evaluados sistemáticamente de un total de 28.

La brecha entre lo que Bolivia tiene y lo que hace con ello es verificable en números concretos. Entre 2021 y 2024, el gobierno de Arce invirtió 1.054 millones de dólares en el litio y produjo 691,7 toneladas de carbonato de litio, generando apenas 8,6 millones en ingresos totales, lo que es menos del 1% de la inversión. Según el Ministerio de Hidrocarburos, el gobierno anterior, con 164,6 millones de inversión, había producido 4.107 toneladas y generado 159,2 millones en ingresos. En 2022, el Ministerio de Hidrocarburos proyectó que Bolivia produciría 40.000 toneladas anuales para 2025 y generaría 2.000 millones de dólares al año. En la Audiencia de Rendición de Cuentas de YLB, se comunicó que la producción real de 2024 fue de 2.064 toneladas.

Con todo eso sobre la mesa, el potencial sigue siendo real. Si Bolivia alcanzara 100.000 toneladas anuales, escala que Chile y Argentina ya operan, a precios de enero de 2026, los ingresos brutos rondarían los 2.000 millones de dólares al año. Cuatro veces el monto que hoy gasta en importar combustibles. El problema nunca fue el recurso. Fue la gestión, la tecnología equivocada, y la ausencia de condiciones soberanas que obliguen al socio a cumplir.

El gobierno de Paz ha empezado a diseñar su política. El ministro de Hidrocarburos, Medinaceli, anunció en diciembre de 2025 que el primer paso de la nueva ley del litio será “delimitar un área del salar como reserva turística, para que no se toque eso, que esté protegida. Y lo que no esté dentro de esa reserva, pues entra dentro de los proyectos de litio”. Es una decisión razonable: el turismo al Salar contribuye a los 740 millones de dólares en ingresos turísticos anuales del país. En 2025 el sitio recibió más de 106.000 visitantes, además de ser incluido por Condé Nast Traveler entre los destinos imperdibles de 2026. Litio y turismo pueden coexistir. Pero delimitar una reserva turística no es todavía una política del litio, sino su condición de contorno.

En cuanto al resto, Paz dijo en Potosí en enero de 2026 que Bolivia necesita una ley “con reglas claras” para atraer inversiones. La frase es el inicio de una posición. “Reglas claras” sin contenido mínimo garantizado puede significar cualquier cosa, incluyendo las reglas que dicte el más fuerte.

A diferencia de los salares de Argentina y Chile, las salmueras bolivianas tienen una alta relación magnesio-litio que hace inviable la extracción mediante evaporación solar convencional. “El magnesio es como el primo hermano del litio: van juntos en todos los procesos químicos y son muy difíciles de separar”, explicó el investigador Gonzalo Mondaca del CEDIB, razón por la que la tecnología evaporítica apenas recuperaba el 30% del litio disponible.

La alternativa es la extracción directa de litio, tecnología que en las condiciones específicas del Salar de Uyuni no ha demostrado aún viabilidad a escala industrial. Bolivia no puede negociar bien lo que técnicamente aún no sabe cómo producir a escala. Y eso hace que la transferencia tecnológica no sea una condición ideológica, sino una necesidad técnica verificable.

Las reglas claras son urgentes.

La crisis es real y urgente. Bolivia no tiene el lujo de esperar diez años a que madure un proyecto extractivo para recibir regalías. Necesita recursos ahora. Y es exactamente por eso que la propuesta debe ser diferente a todo lo que se ha intentado antes.

Hay un precedente para considerar. En 2023, Ecuador cerró el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia: refinanció más de 1.628 millones de dólares de bonos soberanos en condiciones más favorables, respaldado por garantías del BID y seguro de riesgo político de la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos, a cambio de compromisos de conservación de las Galápagos. Un activo natural estratégico, la biodiversidad de un archipiélago, sirvió como respaldo para mejorar las condiciones de la deuda soberana. El litio boliviano es un activo de naturaleza distinta y más robusta, pues tiene precio de mercado conocido, demanda global creciente y volumen certificado.

Bolivia puede ofrecer derechos de extracción de litio en sus salares a tres o cuatro potencias compradoras en competencia, con condiciones comunes y no negociables. A cambio de ese acceso garantizado, cada potencia interesada suscribe bonos soberanos bolivianos a 30 años por 10 mil millones de dólares, pagaderos de inmediato.

El litio es la garantía real de esos bonos, no la calificación crediticia soberana de un país en crisis, sino el valor del recurso que el comprador necesita. Eso resuelve el problema de liquidez sin las condicionalidades del FMI o del Banco Mundial, que históricamente han recaído sobre la población boliviana en forma de ajustes, tarifas y recortes. La deuda se devuelve cuando la producción genere las condiciones para hacerlo.

Esto tiene una ventaja estratégica adicional. Si nuestro litio está comprometido con varios países a la vez, ninguno de ellos tiene incentivo para desestabilizar nuestro Estado. Un país con el litio comprometido a múltiples potencias es mucho más difícil de presionar o subordinar que uno que depende de un único socio dominante. La diversificación de compradores es una garantía de soberanía.

Las condiciones del acceso deben ser verificables y no negociables. Regalías mínimas del 12% del valor de venta, como ya proponen en Potosí. Transferencia tecnológica con cronograma vinculante, hitos medibles y penalidades por incumplimiento, incluyendo acceso a la tecnología de extracción directa de litio que las salmueras de Uyuni requieren. Procesamiento local creciente: 20% al quinto año de cada contrato, 40% al décimo. Consulta libre, previa e informada de las comunidades de Nor Lípez como requisito de ejecución, no como trámite posterior (ya Héctor Córdova de la Fundación Jubileo aclaró que “la consulta debió realizarse antes de la suscripción de los contratos”). Un fondo soberano que dirija no menos del 30% de los ingresos a Potosí y las regiones productoras, no como compensación sino como inversión en transformación productiva.

Y una cláusula que ningún contrato de litio ha incluido todavía: ningún país que esté conduciendo o financiando activamente una guerra de agresión accederá al litio boliviano mientras dure el conflicto. El mineral que debe impulsar la transición energética del planeta no puede financiar su destrucción.

Esta posición no es anti-norteamericana. Es pro-boliviana. Greer lo dijo: Washington prefiere un aliado ineficiente a un rival eficiente. Eso significa que Bolivia tiene poder de negociación real incluso si sus condiciones son más exigentes que las de Argentina.

Una vez que Bolivia tenga clara esa posición y la ejecute en casa, puede proponer el estándar regional. Un Club del Litio no es un cartel de precios al estilo OPEP. Es una comunidad de naciones poseedoras que establece condiciones mínimas comunes para quienes quieran acceder al recurso. En un club así, no son los visitantes quienes fijan las reglas. Son los socios.

México lo intentó por separado: en abril de 2022 declaró el litio patrimonio de la nación, creó LitioMx y canceló las concesiones de la empresa china Ganfeng Lithium en Sonora. La administración de López Obrador terminó sin haber extraído un solo gramo de litio, y LitioMx cerró 2024 sin proyectos de inversión en marcha. La intención soberana fue real; la capacidad de ejecución, insuficiente. Eso no es un argumento contra la soberanía: es un argumento a favor de la coordinación. Lo que México no pudo hacer solo, un bloque regional con el 55% de los recursos mundiales conocidos podría negociar desde una posición radicalmente distinta.

Hoy ese club no puede formarse. El triángulo está gobernado por tres presidentes con tres urgencias fiscales distintas y ninguna agenda común. Pero los mapas duran más que los gobiernos, y también las reservas. Las elecciones en Argentina y Chile no son eternas. La presión de las comunidades productoras sobre sus gobiernos no cede. Como dijo el analista Juan Carlos Zuleta, “sería una locura pensar que cualquiera de nuestros países por separado avance solo en la industrialización del litio”.

Cuando el escenario regional cambie, y cambiará, Bolivia puede estar lista con una posición probada en casa, o puede seguir esperando que alguien más se la invente.

Potosí lleva cinco siglos siendo el lugar del que sale la riqueza de Bolivia. Plata, estaño, litio. Cada ciclo termina igual, y Potosí lo sabe mejor que nadie. “Nosotros que somos los dueños de los minerales, nos quedamos con miserias y contaminación”, dijo Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista. En febrero de 2026, un dirigente de las organizaciones sociales potosinas advirtió que “pareciera que se están hipotecando los salares a cambio de dólares de préstamos internacionales”, y el COMCIPO ya fijó su condición al gobierno de Paz: no permitirán que salga una sola carga de litio del departamento si el contrato no beneficia a su población.

Lo que impidió en 1993 que el litio boliviano siguiera el camino que hoy sigue Argentina fue que Potosí se plantó. Las organizaciones cívicas que hicieron huelga de hambre frente al gobierno de Jaime Paz Zamora no tenían plan alternativo ni asesoría técnica. Tenían conciencia de que lo que se estaba negociando no era justo, y decidieron pararlo. Esa fue la única política soberana de litio que Bolivia tuvo en cincuenta años, y no la protagonizó ningún gobierno.

El hijo de Jaime Paz Zamora está a punto de subir al avión y negociar nuevamente. Tiene hoy lo que su padre no tenía: los datos del mercado global, décadas de errores documentados, el conocimiento de lo que Chile y Argentina hicieron mal, la certeza de que el mundo necesita su litio de manera urgente y creciente, y la legitimidad de haber ganado una elección prometiendo consenso y transparencia. Y tiene algo más: una sociedad civil potosina que ya puso sus condiciones sobre la mesa, en público, antes de que el presidente llegue a ningún acuerdo.

Bolivia no renovó sus aviones en medio siglo. Pero Paz viajará, y podría llegar a Miami con la misma convicción que tuvo Potosí en 1993; no como resistencia, sino como propuesta. Si lo hace, habrá roto por fin el círculo.

O la historia anotará que tuvo el litio más valioso del mundo en la maleta y se le perdió en el aeropuerto.

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