Resulta inadmisible que, después de 22 años de haberse decretado la liquidación de Electrolima, haya trabajadores de esta empresa a los que aún no se les ha liquidado su pensión en la cuantía que en justicia les pertenece. Con tantos años de tener encima este problema, el no haberlo resuelto aún nos da para calificar de incompetente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad bajo cuya responsabilidad se encuentra este proceso liquidador.

Si tenemos en cuenta que el 96,41 % de las acciones pertenecen al gobierno nacional y el restante 0,59 % al departamento y algunos municipios del Tolima, resulta más acentuada la obligación del Estado de proteger los derechos........

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