La corrupción deteriora la confianza en la democracia y constituye un verdadero impuesto que frena el desarrollo. Una agenda gubernamental con foco en la seguridad y el crecimiento económico no puede eludir el avance de leyes clave como Transparencia 2.0, Probidad Municipal y Beneficiarios Finales.

El cuidado del dinero público debe poder verificarse desde fuera del Gobierno. Por eso, los controles anunciados para el Presupuesto 2027 deben acompañarse de tres compromisos concretos: publicar información que la ciudadanía pueda usar, transparentar las capacidades reales de los organismos fiscalizadores y establecer un calendario estricto para destrabar las reformas de probidad. Quienes administran los recursos de todos tienen el deber de permitir que otros examinen sus decisiones.

El reciente mensaje presidencial anunció la revisión de 632 programas en 23 ministerios, proyecciones de gasto a cinco años y mayores controles sobre compras y arriendos. Sin........

© el mostrador