menu_open Columnists
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Nueva propuesta de reforma constitucional en seguridad: menos de lo mismo

42 0
27.10.2026

El loable objetivo de mejorar las condiciones y capacidades estatales para lidiar con fenómenos como el crimen organizado no puede ser razón suficiente para avanzar en propuestas en las que la idoneidad de las soluciones no es clara y no se consideran los efectos negativos que ellas podrían generar.

Luego de varias semanas de intensas polémicas, críticas y debates, el Gobierno retiró el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que había presentado en agosto pasado. En su reemplazo, un grupo ¨transversal¨ de senadores (Squella, Araya, Longton, Bianchi y Flores) ha presentado una propuesta de reforma mucho más acotada (Boletín 18.732-07 de 8 de octubre de 2026), que contaría con el apoyo del Ejecutivo.

El proyecto aborda tres temas. En primer lugar, se propone reformar el estado de emergencia y con ello se abandona la idea de crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de seguridad pública. Se incluyen también modificaciones para extender al crimen organizado el estatuto constitucional actual del terrorismo y otra permitiendo la aplicación de un régimen penitenciario de seguridad de los condenados y sujetos en prisión preventiva en ciertas hipótesis.

Tanto en la justificación de la moción como en sus contenidos se observa un avance respecto al proyecto retirado. Como se recordará, varios de sus contenidos generaron serias dudas de compatibilidad con un régimen democrático y un Estado de Derecho en forma. No se observa problema de ese calibre en la propuesta actual, lo que no quita que sus contenidos sigan siendo problemáticos por razones similares a las del proyecto retirado.

En su base, la propuesta de los senadores mantiene como lógica central que el enfrentamiento eficaz del crimen organizado en nuestro país es, al menos en parte, un problema de falta de regulación constitucional. Es decir, se comparte una filosofía parecida a la del proyecto retirado.

Este punto de partida me parece incorrecto. La ilusión de que la constitucionalización de los problemas los resuelve no resulta adecuada ni en esta ni en muchas otras materias. Esto uno pensaba que era una lección aprendida en el país. Tampoco parece que la herramienta constitucional sea necesaria para regular temas que son propios de la ley, como lo es, por ejemplo, el régimen penitenciario especial de seguridad (materia sobre la cual ya existen proyectos en discusión).

Los principales desafíos en Chile parecieran ser la adecuada implementación y mejora de la capacidad de gestión de la institucionalidad que hemos ido adoptando en los últimos años para........

© el mostrador