En definitiva, declarar al cáncer como prioridad sanitaria es una buena decisión. Pero su éxito dependerá de un proceso de gestión altamente exigente, cuidadosamente programado y conducido por una gobernanza sólida y ordenadora.

Acortar los tiempos de espera en salud es hoy uno de los desafíos más apremiantes del país. Las dimensiones del problema alarman a la opinión pública y golpean a cientos de miles de personas que, al ver postergadas sus atenciones o procedimientos, deben convivir con enfermedades severas que afectan sus capacidades, deterioran su calidad de vida o, derechamente, ponen en riesgo su supervivencia. Esto resulta especialmente crítico cuando se trata de patologías graves como el cáncer.

En ese contexto, más allá de lo debatible que pueda resultar la decisión de decretar una alerta sanitaria oncológica, anunciada recientemente por el Gobierno, la medida parece justificada en su propósito: agilizar la atención de los pacientes afectados.

Las cifras así lo demuestran. Actualmente se estima que más de 27 mil personas esperan diagnóstico o tratamiento oncológico en el sistema público, mientras que en el sector privado esta información ni siquiera se encuentra sistematizada. Tras la pandemia –que tuvo un impacto severo en la oportunidad de atención de prácticamente todos los problemas de salud– los plazos diagnósticos y terapéuticos han aumentado de manera sostenida, con incrementos críticos durante el último lustro.

Los mayores retrasos se concentran en cuatro tipos de cáncer: cervicouterino y de mama en mujeres; colorrectal en personas mayores de 15 años; y........

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