Para regular tarifas siempre deben considerarse los costos operacionales y los activos propios de una empresa eficiente, y no los de las empresas reales, ya que de ese modo se evitan las distorsiones que puedan afectar a estas últimas.

Con una velocidad pocas veces vista, el Congreso aprobó recientemente el “Proyecto de Ley de Protección Tarifaria Eléctrica”, también conocido como “Ordenemos la cuenta”, impulsado por el Ministerio de Energía para redefinir el pago de una deuda de alrededor de $ 925 mil millones (unos mil millones de dólares) que los clientes regulados mantienen con las distribuidoras, debido a que en 2020 se “congelaron” las tarifas eléctricas con el objeto de morigerar el “estallido social”.

El pago de esa deuda se hará mediante un cargo adicional al consumo eléctrico, de $5 por kWh, más IVA, a contar del 1 de enero de 2028 y hasta fines de 2035.

El Ministerio aprovechó sí de introducir otros cambios en la regulación vigente, pero quiero referirme en especial a los siguientes:

El proyecto de ley crea un mecanismo de revisión voluntaria de los contratos que las generadoras eléctricas mantienen con las distribuidoras, con la intención de reducir los precios que pagan actualmente los clientes regulados.

El proyecto de ley faculta a las empresas distribuidoras a presentar planes de inversión para la ejecución de obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad del servicio.

Conadecus siempre ha estado de acuerdo en que la deuda con las distribuidoras tiene que ser pagada, pero en la discusión de ese proyecto de ley le hicimos ver a los parlamentarios, y a las empresas, que en un momento de dificultad económica y de múltiples alzas de precios, como el actual, no solo los consumidores deberían hacer un sacrificio para pagarla sino que las propias empresas distribuidoras podrían haber cooperado, por ejemplo, no cobrando intereses por esa postergación (que no fue solicitada por los consumidores), equivalentes más menos un tercio de la deuda. Lamentablemente, no fuimos escuchados.

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