La elección de Abelardo de la Espriella, abogado penalista formado en el litigio, y su llegada a la Presidencia de la República produjeron en muchos colegas una satisfacción comprensible —me incluyo—. Durante años, quienes ejercemos la defensa penal hemos soportado una sospecha tan injusta como persistente: la de ser confundidos con nuestros clientes, sus conductas o los delitos que se les atribuyen. Que un litigante alcanzara la primera magistratura del Estado fue recibido, por algunos, como una reivindicación de una profesión muchas veces juzgada desde el prejuicio.

La elección de Abelardo de la Espriella, abogado penalista formado en el litigio, y su llegada a la Presidencia de la República produjeron en muchos colegas una satisfacción comprensible —me incluyo—. Durante años, quienes ejercemos la defensa penal hemos soportado una sospecha tan injusta como persistente: la de ser confundidos con nuestros clientes, sus conductas o los delitos que se les atribuyen. Que un litigante alcanzara la primera magistratura del Estado fue recibido, por algunos, como una reivindicación de una profesión muchas veces juzgada desde el prejuicio. Puedo entender ese sentimiento y lo comparto. Lo que no debemos aceptar es que la satisfacción se convierta en soberbia gremial. En algunas conversaciones entre colegas parece haberse instalado la idea de que la victoria política de un penalista nos otorgó, por extensión, una especie de superioridad intelectual o moral. Como si el triunfo de uno acreditara la infalibilidad de todos. Como si compartir una profesión bastara para tener la razón. Como si disentir del presidente, de sus decisiones o de su estilo revelara ignorancia, deslealtad o........

© El Meridiano