“Poner una cosa después de otra y no mirar a los lados” es un conocido consejo de Azorín, que parece sencillo, pero no lo es. Exige ordenar el pensamiento, escoger las palabras y resistir la tentación de desviarse antes de llegar al punto. Gran parte de nuestras sentencias hacen exactamente lo contrario.

El lenguaje judicial venezolano se ha vuelto innecesariamente extenso y difícil de comprender. No siempre porque los asuntos que resuelve sean complejos, sino porque se ha impuesto una manera alambicada de escribir que confunde extensión con profundidad. Se copian páginas de los escritos de las partes, se reproducen largas citas de autores, se apela a la verborrea, a las repeticiones y a las tautologías, y se transcriben decisiones judiciales sin explicar cuál es la regla de derecho que se extrae de ellas ni por qué resulta aplicable al caso. Estas jerigonzas afectan el derecho de los ciudadanos a comprender las decisiones judiciales, lo que está vinculado a los derechos humanos y los valores republicanos.

Precisamente sobre el lenguaje claro, los días 1 y 2 de octubre se celebró en La Plata, Argentina, la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Más de 1.200 participantes y unos 250 ponentes discutieron sobre el lenguaje de los poderes públicos, la formación universitaria, la lingüística, la accesibilidad cognitiva y la inteligencia artificial. El encuentro mostró que el lenguaje claro ha dejado de ser una preocupación de especialistas para convertirse en un movimiento institucional de largo aliento. Portugal y Brasil se incorporan ahora a este esfuerzo con la creación de la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales participó también en la III Convención, y tuve el honor de representarla con una ponencia titulada “La reforma curricular para el desarrollo del lenguaje claro y accesible en Venezuela”. Mi propuesta parte de una idea sencilla: para........

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