“La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas», afirma la Exposición de Motivos de la Ley de Amnistía que hoy se discute en la Asamblea Nacional. Para que esa declaración no se reduzca a un recurso retórico destinado a capear el temporal político, debe estar acompañada de decisiones inmediatas, integrales y coherentes.

Resulta imprescindible desmontar el andamiaje legal que durante años ha servido para perseguir a la disidencia política. Normas como la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Simón Bolívar, la Ley de Fiscalización de las ONG y la Ley Antibloqueo —entre otras— han operado, en la práctica, como herramientas de judicialización del adversario. Mientras ese entramado permanezca intacto, cualquier amnistía será necesariamente insuficiente.

A ello se suma la urgencia de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y eliminar la facultad administrativa de inhabilitar políticamente a ciudadanos, impidiéndoles participar en igualdad de condiciones y en libertad en procesos electorales. La reconciliación que se proclama debe traducirse en hechos verificables: una sociedad sin presos políticos y sin inhabilitados constituye su punto de partida.

Del mismo modo, no puede seguir utilizándose el Código Penal para calificar como “terrorismo” la disidencia........

© El Impulso