La unidad opositora entre PAN y PRI en las elecciones del 2027 es una urgencia histórica. No es una unión oportunista o simplemente electorera, aunque por esas razones también sería justificable. No. Es una respuesta a la situación de agravamiento del entorno político nacional, con la deriva autoritaria de Morena acentuándose cada día con mayor fuerza. Es la necesaria respuesta que debe ofrecer la oposición a la sociedad mexicana para frenar la imposición regresiva que pretende Morena.

Morena ha creado un alto y sólido dique de contención jurídico-electoral para impedir que la oposición avance electoralmente el próximo año. No satisfecho con la colonización que hizo de los órganos electorales INE y TEPJF al corromperlos, el oficialismo ha avanzado rápidamente en la creación de nuevas condiciones legales para cancelar los votos de la oposición.

La legislación, ya aprobada, que admite como justificación de la nulidad de elecciones por la “intervención e influencia extranjera” abre un gigantesco portón para quitar votos a la oposición y anular los registros de candidatos. Ante la falta de una ley secundaria, y aún con ella, cualquier alegato o interpretación subjetiva sobre influencias extranjeras en la orientación al voto le servirá al gobierno y a Morena para cancelar candidaturas y anular votos.

La iniciativa aprobada afirma que “la democracia mexicana enfrenta amenazas externas que buscan subvertir la voluntad popular mediante la injerencia de gobiernos, organismos o agentes extranjeros.” La frase es tajante: esa amenaza ya existe, según los legisladores.

Consecuentemente, a la ley fue agregada la frase, en el Artículo 75 inciso k, como sigue: “incluyendo aquellas derivadas de actos de intervención o........

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