México no puede permitirse continuar normalizando la corrupción como si fuera un daño colateral del poder. Mucho menos cuando ya no se trata de sospechas, sino de hechos reales: presidentes municipales detenidos, nóminas infiltradas por organizaciones criminales y gobiernos locales capturados por redes delictivas. La llamada Operación Enjambre es la confirmación de que la corrupción y la delincuencia se metieron hasta lo más profundo de los gobiernos morenistas, no solo aceptaron su dinero sucio, sino que les abrieron las puertas para acceder al poder.

Ese reconocimiento es grave. Pero lo es todavía más porque evidencia una contradicción profunda: mientras se persigue a alcaldes vinculados al crimen organizado, se mantienen intactos los mecanismos que permiten la opacidad, la impunidad y el uso discrecional de los recursos públicos en otros niveles de gobierno.

La corrupción no cambia según el cargo. Cambia según el tamaño del presupuesto.

Si hoy vemos presidentes municipales señalados por manejar estructuras criminales —como ocurrió en Tequila y en diversas alcaldías gobernadas por morena en el Estado de México, de forma similar a lo que pasó con “La Barredora” en Tabasco o con el huachicol fiscal—, también vemos cómo grandes obras públicas avanzan entre sobrecostos, contratos inflados, información reservada y fiscalización tardía. En ambos casos, el........

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