Si México fuera señalado por la Asamblea General de la ONU por delitos de lesa humanidad, debido a la desaparición forzada de personas, sería condenado y aislado del mundo: restricciones severas en financiamiento, comercio e inversión; congelamiento de sus activos en el extranjero y órdenes de arresto internacionales para altos funcionarios, lo que limitaría su capacidad para viajar.

Por ahora, la respuesta mexicana al Comité contra la Desaparición Forzada es que su informe se basa en datos incompletos y desactualizados hasta 2017, pero el cuestionamiento real es ¿qué se hace hoy para prevenir ese terrible delito? Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dicen que al inicio del gobierno de López Obrador, en 2018, había 51 mil 913 personas en esa condición y al terminar ya eran 106 mil 593, es decir, solo en su........

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