Primero fue el cambio de perspectiva de estable a negativa de la agencia calificadora Standard and Poors, que lleva Roberto Sifón-Arévalo; ayer Moody’s Ratings que lleva Carlos Díaz de la Garza bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 y antes, los principales bancos reducían la expectativa de crecimiento del país. Todos con sus anuncios envían las señales no sólo de alerta, sino de la urgencia de que la actividad económica de México se active y las finanzas públicas se fortalezcan, trabajo que deben realizar en conjunto la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaría de Hacienda a cargo de Edgar Amador.

Esto no es un asunto técnico reservado para economistas o mesas de dinero, más bien debe ser visto como una señal de alerta que comienza en las finanzas públicas, pasa por los bancos y termina impactando el bolsillo de empresas y de todos.

Porque cuando una calificadora le dice al mundo que el país tiene mayor riesgo, aun cuando se diga que en 18 meses no se tendrán más cambios y se entiende que es prácticamente el tiempo que se tiene para reactivar y reordenar la economía por parte del Gobierno Federal, no se debe olvidar que esos cambios significan que se encarece la deuda del gobierno y también se modifica la percepción sobre todo del sistema financiero mexicano.

La explicación parece sencilla, aunque sus efectos son profundos. Los bancos considerados sistémicamente importantes —los llamados “too big to fail”— tienen sus calificaciones topadas por la nota soberana. Es decir, no importa si su fortaleza financiera es sólida, si tienen buena capitalización, liquidez suficiente, bajos niveles de morosidad o modelos de negocio rentables: nunca podrán estar calificados por encima de México y es ahí en donde está el problema.

Los analistas especializados entienden perfectamente que la fortaleza intrínseca de los bancos mexicanos sigue siendo robusta, por algo hay ocho grupos en espera de tener una licencia bancaria, y es que ese grupo sí........

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