El viernes de la semana pasada, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA aprobó la propuesta de nueva financiación autonómica, exclusivamente con los votos del Gobierno de España y los gobiernos autonómicos de Cataluña y Canarias, y con la oposición de todos los demás. Hay un descontento generalizado con el reparto de la financiación adicional que proporciona el Estado, unos 21.000 millones de euros adicionales, que probablemente serán más, pero nadie está planteándose de dónde saldrá el dinero adicional que promete el Estado. Pero, antes de entrar en eso, hay dos cuestiones previas: ¿están tan mal financiadas las Comunidades Autónomas en general? ¿Deben pagar más los ciudadanos por los servicios públicos autonómicos que reciben?

El pasado martes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, explicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que, en 2027, a través del sistema de financiación las CCAA recibirían 185.593 millones de euros, un 78,6% más que en 2018, con el anterior Gobierno del PP. Si en 2018 las CCAA podían prestar sus servicios con menos dinero, igual habría que poner el foco, como también señaló el ministro de Hacienda, en la gestión de los servicios públicos que realizan las Comunidades Autónomas.

Es cierto que entre 2018 y mediados de 2026, la población española ha aumentado en algo más de 3 millones de personas, un 6,7% más, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, los euros de 2018 no son los de 2026: en este periodo hemos sufrido un 30,2% de inflación acumulada. Pero, incluso teniendo ambos factores en cuenta, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas proveerá un 28,56% más de recursos por persona, en términos reales, a las Comunidades Autónomas de régimen común respecto de 2018. En este punto, también hay que recordar que tanto Navarra como, especialmente, el País Vasco tienen un régimen de financiación privilegiado por el que obtienen, per........

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