El Gobierno hizo esta semana el paripé de presentar una senda fiscal y un techo de gasto público, dos de los ingredientes básicos para la elaboración de unos Presupuestos, que por cuarto año consecutivo se quedarán en el cajón. Por eso quizá, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se lo tomó con filosofía y presentó las cuentas de Antoñita la fantástica. El papel lo aguanta todo. Pero es difícil creer que el déficit público bajará tres décimas el año que viene, al 1,8% del PIB, y siga descendiendo en los dos años siguientes hasta el 1,5% con el gasto público desbocado.

El déficit es el cociente entre dividir los ingresos entre los gastos del Estado. El truco está en elevar la previsión de los primeros mucho más que la de los segundos para obtener mejor resultado. La prueba es que para 2026, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, incrementó en tres décimas la estimación del PIB, al igual que durante los dos siguientes. De esta forma, según el Gobierno, la economía española mantendrá una velocidad de crucero superior al 2% durante los dos próximos años.

¿Son creíbles estas previsiones? Vaya por delante señalar, que en el mundo en el que vivimos, con una inestabilidad creciente, es difícil hacer pronósticos más allá de doce meses. Este año puede explicarse la revisión al alza del PIB porque aún seguimos recibiendo fondos Next Generation, pero los dos siguientes son una incertidumbre total.

¿En qué basa su optimismo el titular de Hacienda? En la inmigración. La nacionalización de cerca de un millón de inmigrantes contribuirá, sin duda, a reducir la tasa de paro, como hemos visto ya en los últimos meses, e impulsará el crecimiento. Pero dudo que vaya a disparar los ingresos tributarios, ya que generalmente perciben sueldos bajos y los costes sociales en desempleo o rentas mínimas no compensan los ingresos.

La regularización extraordinaria de 570.000 trabajadores extranjeros acometida en el año 2005 por Zapatero amplió la base de contribuyentes a la Seguridad Social. Las nuevas altas generaron ingresos anuales por unos 2.300 millones. Cada migrante legalizado aportó entre 3.500 y 3.900 euros en cotizaciones sociales.

Sin embargo, el peso del gasto subió diez puntos, al pasar del 49% de 2004 al 58% en 2011. El........

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