-Fuera de la SSPC, el de la “polla” en casa de cambio

Poco le duró el gusto a Emilio García Ruiz de permanecer en los altos rangos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dirige, en el gobierno federal, Omar García Harfuch.

Parece que algunas conductas non sanctas le cayeron de peso a la de por sí menguada salud pública que arrastraba Emilio desde su paso por la antigua Policía Federal, en el gobierno de Felipe Calderón, y tras encabezar la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, nombrado en febrero de 2020 por el entonces gobernador Javier Corral Jurado.

Uno de esos comportamientos dañinos tuvo que ver con su participación en el aseguramiento de la casa de cambio El Águila, ubicada en Río Grande Mall, en agosto pasado.

Públicamente se supo que fue ejecutada una orden judicial contra lavado de dinero por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, con refuerzo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional y hasta agentes norteamericanos que tripulaban una camioneta Toyota gris con placas DHT026, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El operativo fue muy vistoso, pero la información oficial quedó en casi ceros. Pudo saberse que fueron decomisados varios millones de dólares, pero consignadas unas cuantas pacas que, si mucho, llegaron a los 500 mil billetes verdes.

Luego trascendió que la “polla” entre los participantes fue manejada por García como mando de la SSPC en ese operativo.

Desde entonces no volvió a saberse mucho de él, hasta ahora, que fue dejado fuera de la institución federal sin haber siquiera sido protocolizado su nombramiento… hasta donde sabemos.

Ahora que Roberto Velasco ha sido nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vale la pena recordar una visión personal que expresó sobre la aplicación de la ley en México y el combate al narco.

Era el 7 de septiembre de 2022, durante una visita a Juárez. El entonces canciller, Marcelo Ebrard, se quejó aquí públicamente de que Estados Unidos no cooperara más en el aseguramiento de armas que cruzan de aquel país a México.

Cuando El Diario le preguntó si el gobierno mexicano esperaba que el de Estados Unidos le cuidara su frontera, Ebrard no respondió; entonces se acercó Velasco —que venía como subsecretario de Asuntos para América del Norte— para explicar el razonamiento detrás de la queja: es como ellos —planteó— que nos exigen detener las drogas.

Pareciera que el hoy canciller no recuerda que, mientras allá la portación de armas puede ser legal, la circulación de estupefacientes en territorio mexicano no lo es y, por tanto, en teoría, México está obligado a combatir el narco, aunque no lo pida Estados Unidos.

Perder una diputada, como ocurre en la bancada morenista con la juarense Rossana Díaz, es perder un 3.03 por ciento del peso en el Congreso del Estado, lo que representa, además de un voto, peso en la Junta de Coordinación Política y en las decisiones importantes del Legislativo.

Como es sabido, Díaz apunta a engrosar la pobre bancada de uno, Octavio Borunda, del Partido Verde Ecologista, lo que la mantendría cerca del bloque de la 4T —que en Chihuahua brilla por sus constantes fricciones y divisiones—, pero fuera de la esfera del coordinador morenista, que rara vez gestiona bien los conflictos internos: el también juarense Cuauhtémoc Estrada.

El alejamiento y choque con la legisladora no es nuevo; viene desde una votación de diciembre en la que Rossana Díaz decidió jugar del lado del Palacio de Gobierno, con una conveniente salida al baño en un momento definitivo de la votación. Lleva dos traiciones: la primera, a Juan Carlos Loera.

Su salida terminó siendo marcada por la última votación que demandó mayoría calificada: la elección de Ada Miriam Aguilera como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso acabó de ponerla a un paso de la expulsión, de la que ella pretende adelantarse con su renuncia al grupo parlamentario de Morena.

De ser así, en el análisis estrictamente numérico, el Verde pasaría a pesar más de un seis por ciento, mientras que Morena dejaría de valer 36.36 por ciento para bajar al 33.33 por ciento. Parece poco significativo, pero un voto es un voto, especialmente en los momentos clave.

En tanto, el PAN mantendría su todavía incómodo y menguado 39.39 por ciento, insuficiente para hacer una mayoría definitiva, pero al menos con operadores que pueden construirla con las demás fuerzas políticas, que valen entre seis y nueve puntos porcentuales cada una (PRI, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo).

En números, fríos como son, esto es lo que representa el reacomodo en ciernes en el Congreso del Estado, producto de la eterna división morenista que han sabido bien aprovechar los panistas, quienes, con Díaz de su lado, ya tienen mayoría calificada para transitar lo que queda del sexenio. Nomás para lo que se ofrezca después.

La tasa de interés de referencia no es el precio real del dinero para el ciudadano común. Es solo una señal, una guía del banco central en su relación, sobre todo, con los bancos comerciales.

En la práctica, el crédito que usan millones de personas se mueve en otra liga: mucho más caro y mucho más agresivo.

Ahí están los datos del Banco de México: tarjetas de crédito con costos anuales que van de 40 a más de 130 por ciento.

Y no son casos aislados. Muchas instituciones —y especialmente varias fintech, que son bancos que operan en el celular— están prestando en rangos que rebasan cualquier lógica financiera básica: hasta 169 por ciento anual.

El resultado es claro: mientras la tasa oficial baja, el dinero sigue siendo caro en la calle. Y, para muchos, no solo caro… sino impagable.

Así que mucho cuidado con las tarjetas de crédito que se usan para “generar historial”, pero que a largo plazo son un dolor de cabeza.

Por lo pronto, aunque Banxico reduzca su tasa base, los simples mortales nomás no ven la luz.

Hay una especie de esquizofrenia en los análisis de la macroeconomía mexicana: por un lado, el triunfalismo oficialista; y por otro, los datos duros de los estudios especializados.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda vaticina, en sus Precriterios Generales de Política Económica, que en 2027 México tendrá mayor crecimiento, con un PIB entre el 1.9 y el 2.9 por ciento; y para el cierre de este año, entre 1.8 y 2.8 por ciento.

En el documento entregado a la Cámara de Diputados asegura que el país mantiene una deuda pública sostenible, un sistema financiero resiliente y niveles altos de inversión extranjera directa, aunque las proyecciones para la inflación subieron de 3 a 3.7 por ciento.

En La Mañanera del miércoles, la Presidenta se montó en la narrativa optimista al señalar que, aunque la inflación aumentó en los últimos quince días por los precios del limón y el jitomate, “se mantiene en términos razonables”, mientras que los ingresos y las inversiones “van muy bien” de cara a las negociaciones del T-MEC.

Sin embargo, los analistas económicos del sector privado y el propio Banco de México prevén un repunte de la inflación en 2026, del 4 al 4.21 por ciento, en tanto que las expectativas de crecimiento del PIB bajaron del 1.5 al 1.49 por ciento.

Por lo anterior, aunque suene trillado, ojalá le vaya bien en sus pronósticos a la Presidenta, para que le vaya bien a México, o sea, a la gente de a pie.

© El Diario