Una pareja en la piscina de un hotel de Canarias. / ED

El acuerdo extrajudicial alcanzado entre el Gobierno canario y las principales empresas hoteleras del Archipiélago para cerrar el pleito de la moratorio pone sobre la mesa una serie de reflexiones. Todas ellas conducen a un punto en común: ¿se podría haber hecho de otra forma para evitar una sangría de 500 millones para las arcas públicas? El largo proceso para frenar las construcciones turísticas en las Islas, que arrancó en 2001, afectando al menos a cuatro presidencias, merece por parte de los responsables públicos un desglose a efectos de establecer qué ha ocurrido para que una obligación haya derivado en la adquisición de un derecho compensatorio.

Al margen de la aplicación del bisturí para fijar el desacierto, el convenio expande a su alrededor el desconcierto social. Es verdad que el montante abonado se redujo a la mitad, pero es necesario precisar que los terrenos afectados por el pleito, principalmente en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, quedan liberados de la condición restrictiva de suelo rústico. Los ayuntamientos competentes serán los encargados de establecer su viabilidad........

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