Durante años sostuve que el régimen autonómico boliviano no había fracasado por la Constitución Política del Estado (CPE), dado que de manera textual establece que la autonomía implica no solo la elección de sus autoridades, sino la administración de sus recursos, que toda transferencia de competencias implica transferencia de recursos, marco Constitucional que por jerarquía normativa debe respetarse (Artículos 272, 305 de la CPE), sino porque el centralismo sobrevivió a ella. 

En mi artículo Las autonomías sucumbieron ante el centralismo, publicado en Tribuna Jurídica de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, afirmé que la autonomía económica y financiera quedó "solo en la quimera"; que la administración de los recursos continuó concentrada en el nivel central; que se asignaron competencias sin el financiamiento suficiente para ejercerlas; y que la Ley Marco de Autonomías terminó restringiendo el alcance del modelo diseñado por el constituyente.

Diecisiete años después de la vigencia de la Constitución Política del Estado, el órgano ejecutivo del nivel central reconoce que aquel diagnóstico no era una exageración doctrinal.

El Acuerdo N.º 001/2026, denominado Agenda 50/50, admite expresamente que las autonomías siguen siendo "un proceso aún inconcluso" y plantea la necesidad de fortalecer las libertades competenciales, económicas, financieras y presupuestarias de los gobiernos subnacionales.

En otras palabras, la Agenda 50/50 reconoce que aquello que denuncié hace años continúa siendo una realidad.

Cuando escribí que la autonomía había sucumbido ante el centralismo, sostuve que no puede existir un verdadero autogobierno si los gobiernos departamentales dependen casi exclusivamente de las transferencias nacionales.

Un gobierno que no administra recursos suficientes ni puede generar ingresos propios difícilmente puede decidir su propio destino. El acuerdo firmado en Sucre parece........

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