La CPC, mediante un informe publicado esta semana, reveló que las reclamaciones en tribunales ambientales durante el primer semestre de este año fueron las más altas desde que existen estos tribunales. Hoy hay más de cincuenta proyectos de inversión, por un monto aproximado de US$10 mil millones, congelados en esos mismos tribunales.

El año pasado el Congreso aprobó la Ley 21.770, la reforma que prometía destrabar la inversión y acortar la burocracia. Pero mientras el Estado agilizaba la ventanilla de entrada, una casta de iluminados encontraba en la judicialización ambiental una herramienta eficaz para trabar el sistema y, de paso, llenarse los bolsillos.

Cada sentencia demora, en........

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