El nuevo pliego de paliativos ahonda en un régimen de pérdidas que aboca a una finalización del servicio con el consecuente impacto en los enfermos y en sus familias.

La cosa es la siguiente. Hay seis hospitales privados en Madrid que tienen camas de paliativos. Tampoco se crean que son muchas, apenas 160 en total, ya que no se trata de centros dedicados, sino que cubren otros tratamientos, muchos de los cuales ligados a recuperación y rehabilitación después de ataques cardíacos o cerebrales.

Estamos, pues, ante una gota en el océano de la oferta sanitaria madrileña.

Y resulta también que estos centros están concertados con la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso de ciudadanos con menos recursos. Sin esa ayuda pública, que les permite afrontar los elevados costes del servicio, o bien no se prestaría o se limitaría a aquellos que pudieran pagarlo.

Sucede, además, que el pliego que gobierna este modelo de colaboración público-privada es de hace una década. Y que, por el camino, la falta de actualización del mismo y las mayores exigencias en términos de personal por enfermo han convertido esta prestación en altamente deficitaria para quienes la realizan. Una realidad que, si han soportado estoicamente los últimos años, se debía a la promesa de un nuevo convenio que ajustaría tarifa a coste por paciente y día.

Pues bien, la norma ha llegado y, para sorpresa de los operadores, no solo consolida el régimen de pérdidas, sino que augura un próximo fin a esta actividad con el consecuente impacto en enfermos y en sus familias. Y eso que venían recibiendo mensajes en sentido contrario por parte de la administración Ayuso, que llegó a pedir información a los centros sobre su realidad presupuestaria, que si no…

Los números son los siguientes: el coste medio real por estancia y día para los hospitales es superior a los 300 euros. Hace 10 años se fijó la subvención en 166. Pues bien, ahora la propuesta es de 179, que queda lejos incluso de la inflación que se ha producido por el camino y de lo que están abonando otras comunidades autónomas, algunas de las cuales se acercan al doble de esa cantidad. Y, además, el ‘regalo’ viene acompañado de opacidad a la hora de fijar esa cifra, en contra de lo que exige la ley, y de un endurecimiento de las condiciones que, de ser aceptadas, ampliarían aún más el agujero de los afectados.

La pataleta de los seis hospitales, algunos de ellos ligados a instituciones religiosas y sin un ánimo real de lucro, apenas ha encontrado eco en los montes de la Puerta del Sol, donde funcionarios de segundo rango han desatendido sus alegaciones. A la espera de una potencial impugnación del pliego, el riesgo principal es que el mismo quede desierto por falta de candidatos, ya que consolidaría unos quebrantos estructurales que pondrían en riesgo el resto de su actividad.

Algunos quieren ver en esto una mano negra contra la Iglesia y su defensa de una muerte digna frente a los impulsores de la eutanasia: enfermo que no tiene cura, enfermo que sobra. No es ese el estilo de la administración madrileña. Pero, claro está, obras son amores que no buenas razones. Y, aquí, ni se han dado las segundas ni existen las primeras. Rectificar es de sabios y valientes, como la presidenta regional. Más cuando se ha hecho del gobierno, oportunidad para desfacer entuertos. Pero es que este, por si fuera poco, merece la pena.

A por ello, Isabel, que es de cajón, puro sentido común.

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