No habrá fraude, el domingo ¡a votar!

Juan Pablo Ortega Sterling

En la antesala de las elecciones de este domingo 8 de marzo, en las que elegiremos Senado y Cámara, y participaremos en consultas presidenciales de cara a la primera vuelta de mayo, vuelve a escucharse un runrún conocido: el fraude.

Lo dicen sectores del oficialismo y lo insinúan también voceros de la oposición más radical.

Ambos extremos, con discursos altisonantes y épicos, parecen estar preparando el terreno por si los resultados no les favorecen.

No es una denuncia sustentada en pruebas; es una narrativa preventiva para amortiguar una posible derrota.

Las posiciones ideológicas extremas, por definición, viven de la movilización emocional.

Una derrota electoral, cuando se ha prometido la refundación del país o su salvación definitiva, no es solo un revés político: es un golpe simbólico. Por eso anticipan escenarios de ilegitimidad. Así, si pierden, no habrán perdido realmente; habrán sido víctimas.

El problema es que ese cálculo táctico tiene un costo enorme: deteriora la confianza pública en el sistema electoral, erosiona la legitimidad de las instituciones y envenena el clima democrático.

Conviene entonces explicar con serenidad cómo funciona el proceso electoral colombiano.

No se trata de un algoritmo oscuro ni de una decisión concentrada en una sola autoridad. Se trata de un sistema descentralizado, manual en su base y con múltiples capas de control.

Para estas elecciones fueron designados más de 860.000 jurados de votación en todo el país. Son ciudadanos sorteados al azar que cumplen una función obligatoria.

No son funcionarios del gobierno de turno, ni los líderes de los partidos de oposición: son empleados, estudiantes y trabajadores comunes, personas como ustedes y como yo, que integran cada mesa de votación.

Ellos verifican la identidad del elector, entregan el tarjetón, custodian la urna y, al cierre de la jornada, cuentan voto por voto en presencia de testigos de todos los partidos.

Cada sufragio se lee en voz alta y se registra manualmente en el formulario E-14, que es un acta física firmada por los jurados y puesta a disposición de los testigos.

A esa cifra se suman miles de testigos electorales acreditados. Su función es vigilar la instalación de la mesa, el desarrollo de la votación y el conteo final.

Pueden observar el diligenciamiento del acta y tomar fotos con su celular de todos los formularios.

Esto significa que cada resultado tiene múltiples copias verificables en manos de actores distintos.

Para alterar de manera sistemática una elección habría que coordinar la manipulación de decenas de miles de mesas, con cientos de miles de jurados distintos y miles de testigos adversarios.

No es un sistema perfecto, pero sí uno con suficientes candados para hacer inviable un fraude estructural.

El pre-conteo es solo informativo, el resultado oficial surge del escrutinio posterior, que realizan comisiones escrutadoras en las que intervienen funcionarios judiciales.

Allí se revisan los formularios, se atienden reclamaciones y se consolidan los resultados definitivos.

También se ha cuestionado el software que consolida los datos. Es importante entender que ese sistema informático no se inventa votos ni reemplaza el conteo manual; opera sobre información previamente registrada a mano en actas físicas firmadas por ciudadanos.

Hablar de un fraude estructural sin pruebas no es una advertencia responsable; es una estrategia política.

Ahora bien, que no haya un fraude estructural no significa que no existan amenazas reales a la libertad del voto.

Las hay, y son más graves que cualquier rumor en redes sociales.

La primera es la coacción armada en zonas rurales. Allí donde los grupos ilegales imponen su ley, hay ciudadanos que no pueden votar libremente o que reciben presiones para apoyar determinadas candidaturas.

El problema no es una mesa manipulada en una ciudad vigilada por múltiples actores; el problema es el campesino que teme salir a votar, o debe votar a cambio de salvar su vida.

La segunda es el uso indebido del poder público para presionar apoyos. En no pocos territorios, alcaldes y gobernadores convierten la nómina en herramienta electoral y exigen a contratistas o funcionarios “resultados” en las urnas.

El voto deja de ser un acto de conciencia y se transforma en una obligación laboral. Eso distorsiona la competencia democrática y perpetúa el clientelismo y la corrupción.

La tercera es la compra de votos en un país socialmente vulnerable. Cuando un candidato despliega centenares de vallas, inunda redes y medios con publicidad y exhibe un músculo financiero desproporcionado, el mensaje no es solo de mercadeo político; también es una señal de poder económico dirigida a líderes comunitarios.

En contextos de necesidad, ese poder puede traducirse en la compra directa o indirecta de conciencias.

Esa práctica, más que cualquier fantasma de fraude técnico, es la que hiere de muerte a nuestra democracia.

En lugar de dejarnos arrastrar por narrativas de desconfianza interesada, deberíamos concentrarnos en esos problemas concretos y exigir garantías allí donde verdaderamente se necesitan.

La democracia no se defiende deslegitimando el sistema antes de votar, sino participando y vigilando.

Por eso la invitación es clara: salgamos a las urnas este 8 de marzo. Votemos al Senado, a la Cámara y participemos en las consultas presidenciales. Pidamos el tarjetón correspondiente y expresemos nuestra posición.

La democracia colombiana atraviesa un momento decisivo y el silencio no es una opción responsable.

Pero votemos bien. No solo sin coacción externa, sino con libertad de conciencia. El voto no es un trámite; es un acto moral.

Antes de marcar un logo y un número, conviene leer la hoja de vida, revisar propuestas y preguntarse algo simple pero revelador: ¿dejaría a mis hijos, o a mis padres mayores, al cuidado de esta persona? Si la respuesta es no, porque no la conozco o no confío en ella, entonces tampoco debería confiarle mi voto.

No habrá fraude estructural en Colombia. Lo que sí puede haber es apatía, miedo o manipulación. Frente a eso, la respuesta no es la sospecha infundada, sino la participación libre y consciente.

La mejor defensa de nuestra Constitución y de nuestra tradición republicana es ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Este domingo 8 de marzo, salgamos a las urnas.

Juan Pablo Ortega Sterling

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