Por: Felipe Rodríguez Espinel

En momentos donde Colombia enfrenta una de las crisis de violencia política más graves de las últimas décadas, el gobierno del presidente Petro ha tomado una decisión que solo puede calificarse como un error estratégico monumental, recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo justo cuando más se necesita su labor protectora.

Resulta paradójico que una administración que llegó al poder abanderando la paz total como su principal promesa, termine debilitando precisamente la institución encargada de proteger a quienes más sufren la violencia en los territorios. Esta decisión no es solo contradictoria con el discurso oficial; es peligrosa para la estabilidad democrática del país. Mientras el presidente habla de transformaciones y cambios, está........

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