Aníbal Charry González

Tal como lo canté en esta columna antes de las elecciones del 8 de marzo, sobre la inminente posibilidad de que algunos congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD postulados irresponsablemente por sus partidos, una vez elegidos resultaran cobijados con órdenes de captura; en efecto la Corte Suprema de Justicia hizo lo propio para vergüenza de lo que llaman democracia, cuando lo que tenemos son partidos políticos contaminados y elecciones pervertidas, profirió medida de aseguramiento para cumplirse en establecimiento carcelario,  contra los ahora reelectos congresistas que sin ningún pudor insistieron en postularse nuevamente, Wadith Manzur y Karen Manrique del Partido Conservador y de las Curules de Paz respectivamente.

Pues bien: no obstante la orden judicial para enviarlos a la cárcel como correspondía, Wadith Manzur, seguramente privilegiado por haber obtenido la segunda más alta votación en su partido, pese a los gravísimos cargos de corrupción por pedir coimas para legislar que le generaron imputación y llamamiento a juicio como sistemáticamente ha ocurrido en  nuestra sociedad sitiada por la corrupción de la clase política; fue enviado, pretextando razones de seguridad,  no a una cárcel común y corriente, donde debería estar, sino a la Escuela  de Carabineros de Bogotá; en cambio a la congresista Karen Manrique en un acto de discriminación inexplicable que no debería existir, la enviaron a la cárcel del Buen Pastor, aun cuando después la ubicaron en una guarnición militar en Malambo, Atlántico.

Y es que,  tratándose de esta clase de  delincuentes, que he considerado  como los más peligrosos  por su alta responsabilidad política, y por lo que es todavía más grave, por criminalizar su función legislativa asaltando los recursos públicos, no debería existir ningún privilegio ni consideración alguna por sus fechorías que considero de lesa humanidad por afectar los derechos fundamentales de todos los miembros de una sociedad como la nuestra, carente de toda clase de necesidades y sumidos en la miseria, la violencia  y la corrupción, que deberían tener las más severas penas que no son posibles porque los mismos que incurren en estos delitos son los que se encargan de expedir las leyes  que consagran los indebidos privilegios  que no tienen en ninguna otra sociedad que se respete, por la comisión de esta clase de delitos

De ahí que si se quieren eliminar esta clase de concesiones y privilegios para estos funestos delincuentes que asaltan los recursos públicos, es urgente y necesaria una reforma constitucional al podrido sistema político electoral y de partidos, al mismo congreso y a la justicia, que solo podrá hacer el constituyente primario como lo he reiterado en esta columna, porque ese vitando congreso no las hará nunca para mantener sus indebidos privilegios.

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