Según el CIS, la vivienda es, de largo, la primera preocupación de la ciudadanía. Nuestra Constitución proclama que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y encomienda a los poderes públicos “la promoción de las condiciones necesarias y la aprobación de las normas pertinentes para hacerlo efectivo”. Es pues a los políticos a quienes en primera instancia incumbe solventar este problema. Y no lo están haciendo. Los partidos nacionalistas, enredados en sus ensoñaciones identitarias, no priorizan estas -para ellos- menudencias, como pudimos comprobar en el último Aberri Eguna organizado por Bildu en Pamplona, o en la celebración del pasado 1 de mayo, en la que el sindicato ELA se volcó, además de en reclamar un salario mínimo digno, en la demolición del Monumento a los Caídos, la disolución de la OTAN y el fin del imperialismo yanki. 

Desde que el pseudoprogresismo nos gobierna, los demandantes de VPO en Navarra se han quintuplicado. Nuestros mandatarios carecen de luces largas. Prefieren promover obras que puedan inaugurar, aunque sean puñeteras rotondas, antes que planificar desarrollos urbanísticos anticipándose a las necesidades a 5, 10 o 20 años vista, cuyos réditos políticos quizás acaben cosechando otros. En este contexto, Cataluña fue la primera comunidad española en topar el alquiler de vivienda en las zonas........

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