Al gobierno autoproclamado progresista de Chivite, integrado por PSN-PSOE, Geroa Bai, Podemos, y apoyado por Bildu, no le cabe un escándalo más. Cada contrato de obras que ha sido analizado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción o por Intervención desvela graves irregularidades en las adjudicaciones. Sólo las auditorías externas encargadas por el Gobierno, y pagadas con dinero público, les eximen de cualquier responsabilidad.

En este artículo me voy a olvidar por un momento de la adjudicación de Belate y sus modificados; de las VPO adjudicadas por Nasuvinsa; y de las obras del Archivo de Navarra, obras investigadas y relacionadas con la empresa Servinabar, esa empresa en la que, según documento incautado por la UCO, participa Santos Cerdán en un 45 %.

Hoy me voy a centrar en el penúltimo escándalo: la adjudicación de cuatro contratos de obras en el Parque de Sendaviva. La empresa adjudicataria de esos cuatro contratos aparentemente no tiene que ver con Cerdán, pero sí con el PSN-PSOE. La empresa en cuestión realizó obras de reforma en la sede del Partido Socialista de Navarra; obras de reforma en el domicilio del que fuera Secretario de Organización del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, y, además, el propietario de la empresa tiene a un familiar trabajando para el grupo parlamentario socialista. El caso se remonta al verano de 2022, fecha en la que se produjo un incendio en las instalaciones de Sendaviva. Con el fin de solventar los destrozos del incendio, la empresa propietaria de Sendaviva, Parquenasa, que está administrada por la empresa pública NICDO, dependiente de la Consejería de Cultura, sacó a licitación cuatro contratos de obras, contratos que individualmente no superaron los 200.000 €, hecho que supuso un descarado fraccionamiento destinado a que la adjudicación se hiciera mediante un procedimiento simplificado. Y esa adjudicación es la que UPN denunció ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que ha considerado que “las actuaciones pueden ser constitutivas de irregularidades en materia de contratación pública”. El consejero Remírez, en el tiempo que su dedicación a las redes sociales le deja libre, cargó desde la portavocía del Gobierno “contra los bulos y las fake news” y acusó a UPN de que “está sembrando inquietud entre los trabajadores de Sendaviva y los habitantes de La Ribera, que ya se preguntan si UPN quiere cerrar Sendaviva”. La consejera Esnaola, que por este caso nos hemos enterado de que existe una consejera de Cultura, Deporte y Turismo, reprochó a UPN haber realizado “afirmaciones que no son ciertas ni están probadas”. Y la sustituta del desterrado Alzórriz en la portavocía del Parlamento, la socialista Ainhoa Unzu, lamentó que se esté “acusando a empresas y a profesionales que hacen su trabajo”. Lenguaje torticero por parte de Unzu: a la empresa no se le acusa de nada, se están señalando las irregularidades cometidas por los adjudicadores. Sigo. Lo paradójico de todas esas declaraciones es que fueron hechas cuando ya existía, desde el mes de diciembre pasado, un informe de la Intervención General del Gobierno de Navarra que fue ocultado a los grupos parlamentarios. El informe de Intervención sostiene, entre otras consideraciones, que “el procedimiento de contratación debería haber sido abierto, con su preceptiva publicación en el Portal de Contratación de Navarra, en lugar de los cuatro procedimientos simplificados llevados a cabo. Las cuatro obras se adjudicaron a la misma empresa constructora. Es más, en los cuatro procedimientos simplificados llevados a cabo, resultan invitadas a participar las mismas cinco empresas de construcción. Las cuatro obras se licitan por el importe máximo permitido para los procedimientos simplificados (200.000 €) constituyendo un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido. Los contratos de las cuatro fases fueron licitados por importes extremadamente próximos a los 200.000 €, adjudicándose a la misma empresa por importes en torno a los 198.000 €. Por otro lado, el montante de su ejecución material terminó siendo, en todos los casos, aproximadamente un 9,5 % superior al de la adjudicación, alcanzándose importes que rondan los 218.000 €. Estas modificaciones, fundadas por la beneficiaria principalmente en su carácter imprevisible, afectan de modo muy acusado al procedimiento de licitación, ya que, de haberse previsto, habrían dado lugar a que el importe de licitación de cada una de ellas hubiera sido superior a 200.000 €, lo que habría exigido acudir a un procedimiento abierto”. Patada en toda la boca a Remírez, Esnaola y Unzu.

Que el PSN-PSOE ningunee todo lo que denuncia la oposición entra dentro del trilerismo político, pero que el PSN-PSOE desprecie los informes de funcionarios públicos encargados de velar por la correcta ejecución de los contratos, sólo responde a una golfería política sin precedentes. Y Bildu, autollamado a regenerar la política, de cómplice silente. Al azafato de Kontuz tampoco se le espera.

P.D. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a cuatro años y medio de prisión a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borrás, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo. El beneficiario de esos contratos afirmó que Laura Borrás pidió que presentara tres presupuestos “comparsa” para cada trabajo con el objetivo de simular la concurrencia de ofertas. Ahí lo dejo.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política.

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