En un Estado de Derecho las normas jurídicas deben ser inteligibles, al menos para el colectivo de destinatarios a quienes van dirigidas. Es decir, si la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico vinculan a los poderes públicos y a los ciudadanos como dispone el artículo 9.1 de la Constitución española, es lógico y razonable que las normas sean redactadas en un lenguaje entendible por los destinatarios de las mismas ya que, además, es un principio........

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