La gran movilización madrileña por la crisis de vivienda, que estalló a raíz del desahucio de “Maricarmen”, una mujer española de 87 años que había vivido durante 70 años en El Retiro, plantea una pregunta que no deberíamos responder desde la emoción, sino desde los principios: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para atender una necesidad social sin convertir la propiedad privada en el instrumento para resolverla?

En el Perú, la Constitución reconoce el derecho de propiedad. El derecho a una vivienda adecuada ha sido desarrollado por tratados internacionales. Pero ello no significa que una persona tenga........

© Diario Correo