Este viernes, el municipio de El Alto festeja su 41 aniversario en medio de la polémica creada por la actitud de personas que invadieron la pista de aterrizaje en la que se estrelló un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para recoger los billetes desparramados tras la tragedia.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de celulares y transmitidos mediante redes sociales. A partir de ahí, llovieron críticas, pero no contra quienes recogieron ávidamente los billetes, perjudicando tareas de auxilio a las víctimas del accidente, sino contra todos los alteños.

Se trata de una generalización que, como todas, resulta injusta: quienes recogieron los billetes fueron un reducido número de personas en comparación con la enorme cantidad de habitantes que tiene El Alto. 

Los que critican no entienden que una buena parte de los habitantes de ese municipio provienen de las naciones que se desarrollaron en las regiones ribereñas del Lago Titicaca, como kollas y lupacas, conocidas por su rebeldía, especialmente cuando resistieron el avance de la invasión inca. Otra gran porción proviene de la nación Umasuyu, caracterizada por su alto nivel de combatividad desde antes, incluso, de la expansión del Tawantinsuyu. Los descendientes de estas naciones fueron los primeros en asentarse en la meseta ubicada en la parte alta de La Paz. 

Los asentamientos comenzaron en la década del 40 del siglo XX, motivados por el funcionamiento del aeródromo y las eventuales paradas del transporte terrestre proveniente del interior del país. Tras la Revolución Nacional, las primeras villas registraron un crecimiento sorprendente que, luego, motivaron a la creación de una subalcaldía. No obstante, convencidos de que la única manera de progresar era sin depender de La Paz, las juntas vecinales desarrollaron una larga campaña para conseguir la creación de una sección municipal. El aniversario tiene que ver con eso: el 6 de marzo de 1985, el entonces presidente del Congreso Nacional, Julio Garrett Ayllón, promulgó la Ley 718, que creaba la cuarta sección de la provincia Murillo del departamento de La Paz, “con su capital El Alto de La Paz”, lo que consolidó no solo el nombre, sino la erección de la Alcaldía que hoy se ha convertido en municipio.

Al año siguiente, en 1986, ocurrió otro hecho trascendental: el despido de miles de trabajadores de las minas estatales que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro rotuló como “relocalización”. La mayoría de los mineros despedidos usaron el dinero de su indemnización para migrar a dos destinos específicos: el Chapare y El Alto. En el primero se compraron parcelas para cultivar mientras que en el segundo, terrenos donde edificaron casas en las que habilitaron tiendas para alquilar o trabajar ellos mismos con sus familias.

Es cierto que los que invadieron el aeropuerto eran decenas, pero los que han sido sometidos a la justicia son apenas 19. Según los datos del Censo de 2024, El Alto tiene 885.035 habitantes, lo que lo constituye en la segunda ciudad más poblada de Bolivia después de Santa Cruz. Quienes protagonizaron el penoso espectáculo de los billetes no representan ni siquiera el 0,5% de la población alteña.

El Alto ha crecido porque la mayoría de sus habitantes son trabajadores con una gran capacidad para el sacrificio. En esa ciudad es posible encontrar negocios que funcionan durante las 24 horas del día o bien abren desde la madrugada cuando en otros lugares, de clima más benigno, todavía hay tiendas cerradas a las 10 de la mañana.

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