La inmensa mayoría de los países de la Unión Europea ha reformado en los últimos años sus mecanismos de protección a la vejez para garantizar su sostenibilidad financiera. Casi todos ellos han optado por vincular las prestaciones futuras de retiro a la generación de riqueza de sus economías, o, en su defecto, a la esperanza de vida de sus moradores. Este último camino ha seguido Alemania, con una treintena de ...

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decisiones complementarias, que cuenta con el respaldo de los dos grandes partidos que gobiernan el país en coalición, la CDU y el SPD, democristianos y socialdemócratas. España, en esta como en otras muchas cuestiones, por una incapacidad creciente e intencionada de consenso político, prefiere mantenerse al margen con reformas unilaterales y partidistas que no garantizan la solvencia. Como en otras muchas materias, cuanto más tarde se afronte la cuestión, más dolorosa será la solución.

Cada país debe disponer de un mecanismo de financiación y retribución de la jubilación y de otros sistemas de provisión de rentas públicas que pueda sostener con sus propias fuerzas. Puede tener un sistema de elevadas prestaciones si sus ciudadanos están conformes con él y pueden costearlo. Pero sería de todo punto irracional un modelo que la capacidad económica del país no pueda sostener, como, ahora y a largo plazo, es el caso de España. ¿Puede financiar sin estrés de ningún tipo un modelo que tiene ya un déficit real de más del 3,5% del PIB, de más de 50.000 millones de euros, que aportan impuestos generales y la emisión de deuda, cuando la avalancha de jubilaciones del baby boom no ha hecho más que empezar? ¿Puede seguir con una tasa media de reposición de cerca del 80% de los sueldos, nada menos que un 60% por encima de lo actuarialmente razonable? ¿Puede........

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