La consejera autonómica Candelaria Delgado y su equipo presentaron el pasado jueves la estrategia que quieren seguir en materia de atención sociosanitaria, con el objetivo ... marcado en el año 2030. Es plausible tener un horizonte, unos plazos y unos objetivos, pero uno se pregunta si hay que esperar al último año del mandato legislativo para marcar esas prioridades. Sobre todo porque si en 2027 las urnas pintan otro panorama, lo mismo el plan queda, como tantos otros, en el cajón. A la hora de su exposición, volvió a aflorar el asunto de los pacientes que tienen alta hospitalaria pero que prolongan su estancia en los centros porque las familias alegan que no tienen recursos para atenderlos y no hay camas sociosanitarias en el sistema público. Así comienza la pescadilla que se muerde la cola en forma de falta de camas en los hospitales, saturación y colapso en las Urgencias. Sigo pensando que es la consecuencia de mantener como áreas separadas en la gestión pública la atención sanitaria y la sociosanitaria: comparten nombre pero cada una va por un lado y quizás esa división sea parte del problema. Recordemos, además, que llevamos con este asunto desde que el entonces presidente Paulino Rivero tuvo la valentía de hacerlo público.

Ahora el Gobierno apunta una novedad:estudia meter en el asunto a la Fiscalía si detectan que hay familias que hacen dejación de sus responsabilidades, esto es, aquellos que sí tienen medios para atender a un paciente sociosanitario pero se ponen de perfil y prefieren que la cama y la atención la paguemos entre todos. Habrá que hilar muy fino para concretar si hay responsabilidades judiciales en esa materia, pero en todo caso creo que estamos nuevamente ante la evidencia de un fracaso del sistema. Lo digo porque si hablamos de medio millar de pacientes, en un país donde los ingresos de cada cual los conoce Hacienda mejor que nadie, y donde hay departamentos de Servicios Sociales en cada Ayuntamiento, cada Cabildo y la propia Comunidad Autónoma, debería haber recursos más que suficientes para saber la realidad concreta de cada persona y de su entorno.

Pero ya se sabe: lo fácil es trasladar esa responsabilidad a otro ente y que sean los fiscales quienes tengan que hacer el trabajo incómodo. Mientras, el colapso hospitalario continuará y cada plan sociosanitario tropezará con la realidad que ya sabemos: el tiempo que pasa desde que se anuncia la creación de una cama pública hasta su entrada en funcionamiento es tan amplio que por el camino muere mucha gente. Demasiada.

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