Florida contra Raúl Castro: Es hora de traer de vuelta a nuestros prisioneros de Cuba

Una nación no tiene mayor deber que el que tiene hacia sus ciudadanos, incluso cuando se encuentran recluidos en una prisión en el extranjero. Esto es especialmente cierto cuando el encarcelamiento es el resultado de un sistema legal deficiente o constituye una herramienta de un Estado policial totalitario. He hablado con un estadounidense que se encuentra en una prisión cubana: lleva allí recluido cerca de 20 años.

El gobierno de Estados Unidos nunca ha mencionado su caso, a pesar de sus reiteradas peticiones de ayuda. No daré más detalles por ahora, ya que no cuento con autorización para hacerlo. Esta persona no dispone de abogado, ni en Cuba ni en Estados Unidos. Sin embargo, comienzo refiriéndome a ella porque, cuando Washington o Tallahassee toman medidas contra el régimen de los Castro, son personas como esta —y otros ciudadanos estadounidenses que permanecen en prisiones cubanas— quienes terminan pagando las consecuencias a manos de La Habana.

Este lunes 19 de octubre, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una orden de arresto estatal contra Raúl Castro, acusándolo de conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.

Today, we announced that our office secured a state arrest warrant for communist dictator Raúl Castro, charging him with Conspiracy to Commit First-Degree Murder for the Feb 24, 1996, shootdown of two unarmed Brothers to the Rescue aircraft over international waters. Raúl… pic.twitter.com/NkgBxCOatM— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

Today, we announced that our office secured a state arrest warrant for communist dictator Raúl Castro, charging him with Conspiracy to Commit First-Degree Murder for the Feb 24, 1996, shootdown of two unarmed Brothers to the Rescue aircraft over international waters. Raúl… pic.twitter.com/NkgBxCOatM

La orden de Florida se fundamenta en la acusación federal —hecha pública en Miami por el Departamento de Justicia el pasado 20 de mayo— que imputa a Castro y a otras cinco personas por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. Los cuatro hombres que perdieron la vida —Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales— eran residentes de Florida. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses; Morales era residente legal.

Quiero dejar clara mi postura: desde el punto de vista jurídico, estos cargos están justificados, y me alegra que, tras 30 años, alguien haya finalmente imputado al propio Raúl Castro. En cuanto al momento elegido, ambas iniciativas resultan políticamente astutas: el caso federal surgió en un año electoral, y la acción de Florida tuvo lugar dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato. No obstante, para los estadounidenses detenidos en Cuba, estos cargos —por sí solos— suponen un riesgo real. Las tres afirmaciones son ciertas al mismo tiempo.

Las promesas van y vienen

Llevo tiempo suficiente en este circo político como para haber visto cómo las promesas de presentar cargos aparecen y desaparecen. En 1996, el Congreso incluyó una condena por el derribo de las aeronaves en la Ley Helms-Burton e instó al presidente a buscar la imputación de Fidel Castro ante la Corte Internacional de Justicia. En 2003, un gran jurado federal en Miami imputó a un general cubano y a dos de los pilotos. Tuvieron que pasar otros 23 años para llegar a Raúl Castro.

Hoy en día, las probabilidades de que Raúl........

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