La nueva normativa introduce un enfoque más flexible y socialmente diferenciado a fin de que la capacidad de pago no sea una barrera definitiva para acceder a una vivienda.

La vivienda continúa siendo uno de los temas más sensibles de miles de familias cubanas. El deterioro progresivo del fondo habitacional, los daños ocasionados por fenómenos climatológicos y las limitaciones económicas acumuladas durante años han convertido el acceso a un hogar digno en una de las principales preocupaciones sociales del país.

Al cierre de julio de 2025, la crisis habitacional en Cuba se reflejaba en un déficit de 805.583 viviendas; de ellas, 407.219 pendientes de construcción y 398.364 necesitadas de rehabilitación según datos del Ministerio de la Construcción, evidencias de la magnitud del desafío que enfrenta la nación en materia de vivienda.

En ese contexto, el reciente Acuerdo 10100/2025 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 4 de febrero, introduce modificaciones importantes en la forma en que el Estado asigna y financia las viviendas que construye o quedan disponibles en los territorios, con el propósito de ajustar las soluciones habitacionales a las posibilidades reales de cada familia.

La medida parte de un principio reconocido en la Constitución en su Artículo 71: el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro. Sin embargo, la experiencia acumulada en la........

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