Siete años han transcurrido desde aquel octubre de 2019, una fecha que quedó marcada de forma indeleble en la memoria colectiva de nuestro país. No podemos, ni debemos, olvidar aquellos días de profunda incertidumbre, violencia desatada y vandalismo sistemático que pusieron en jaque nuestra convivencia nacional y las bases de nuestra República.

Ningún país merece ver amenazada su estabilidad democrática de la noche a la mañana, y bajo ninguna circunstancia el odio, la intolerancia o la destrucción material pueden ser considerados o amparados como manifestaciones legítimas de la ciudadanía. Cuando el desorden y el caos se imponen por sobre el respeto y las leyes, se vulneran directamente los derechos fundamentales de las personas y se pone en un riesgo crítico el Estado de derecho.

La magnitud de este impacto no solo fue política, sino que se tradujo en una devastación tangible que desarticuló las ciudades. Fuimos testigos de graves e irreparables daños materiales al mobiliario público, la destrucción y quema de edificios patrimoniales que albergaban nuestra historia, e indignantes ataques a monumentos e iglesias. El motor económico de muchos........

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