El 17 de julio de 1944 nació en Caracas la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECÁMARAS), gestada en el crisol del conflicto entre el Estado venezolano y un sector privado (muchos de la oligarquía del Siglo XIX) que veía con pavor la creciente intervención estatal en la economía durante los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita (1936-1945)1. La investigación de Rossana Hernández, titulada "FEDECÁMARAS: Expresión del cambio institucional en Venezuela (1944)", evidencia cómo esta organización surge como resultado directo de la polémica entre dos concepciones antagónicas del desarrollo: una estatista, que consideraba al Estado como eje central articulador de las fuerzas económicas y sociales, y otra liberal, defendida por el comerciantes y “empresariado”, que abogaban por el mercado como motor del crecimiento.

Sin embargo, lo que no explicita suficientemente Hernández, y que constituye la tesis central de este documento, es que detrás del sector privado venezolano —aparentemente autónomo y defensor de la "libre empresa"— operaba desde sus orígenes un Caballo de Troya geopolítico: la agenda intervencionista de Estados Unidos, disfrazada de liberalismo económico, que utilizó a FEDECÁMARAS y a CONSECOMERCIO (Confederación de Cámaras de Comercio y Producción) como instrumentos mediadores para desmantelar la soberanía económica venezolana y asegurar el control imperial sobre sus recursos estratégicos, particularmente el petróleo.

El contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1929 habían impulsado en América Latina un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que requería un Estado activo, planificador y protector. Venezuela no fue la excepción: el gobierno de Medina Angarita implementó políticas de control de precios, regulación de importaciones y creación de juntas reguladoras (Junta Nacional Reguladora de Precios, Junta Nacional de Transporte, Comisión de Control de Importaciones) que el empresariado calificó como "totalitarismo estatal".

El memorando de "Defensa Económica: lo que debemos producir" (1942) expresaba la necesidad de incrementar la producción nacional para sustituir importaciones, evitar la especulación y reincorporar mano de obra desocupada —una visión Keynesiana de pleno empleo que hoy denominaríamos "socialdemócrata" o incluso de "bienestar social". Pero el sector privado "Respuesta al Memorando de Defensa Económica", redactado el 11 de junio de 1942 por empresarios como Pérez Dupuy, Alfredo Brant y Oscar Machado, donde sostenían firmemente que "la producción debía estar en manos de los particulares sin la injerencia del Estado".

Lo que Hernández omite en su análisis es que esta defensa del "libre mercado" no era una posición teórica abstracta derivada de las ideas de Adam Smith, sino una cobertura ideológica para los intereses de las corporaciones estadounidenses que ya operaban en Venezuela. Miguel Tinker Salas, en su estudio "Staying the Course: United States Oil Companies in Venezuela, 1945-1958", demuestra cómo las tres grandes petroleras que operaban en el país —Creole (Standard Oil of New Jersey), Shell y Mene Grande (Gulf)— "constituyeron importantes aliados de la política gubernamental estadounidense en la región" y que, según la propia declaración del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1953, "las operaciones petroleras son, a todos los efectos prácticos, instrumentos de nuestra política exterior hacia estos países".

La fundación de esta confederación “Empresarios venezolanos” en 1944 no fue, por tanto, una expresión espontánea de la "sociedad civil" venezolana, sino la cristalización institucional de una alianza entre la oligarquía comercial e industrial venezolana y el capital transnacional estadounidense, que necesitaba una organización gremial fuerte para presionar al Estado venezolano y evitar cualquier intento de nacionalización o control efectivo sobre los recursos nacionales.

La ponencia de Andrés Boulton en la Primera Convención Nacional de 1944, titulada "Intervención del Estado en la economía del país: Libertad de comercio e industria", es ejemplar en este sentido. Boulton argumentaba que "la actual situación de emergencia ha requerido un desdoblamiento extraordinario de las regulaciones gubernamentales... la experiencia aconseja, sin embargo, limitar en lo posible esa intervención a fin de evitar sus excesos". Lo que no decía Boulton, ni podía decir públicamente, era que esos "excesos" en realidad eran medidas moderadas de protección al consumidor venezolano y de distribución equitativa de alimentos en........

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