Resumen. El 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció, y el gobierno interino venezolano confirmó, lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, relativo a 17 campos petroleros y con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) como operadora. Según la Casa Blanca, el Pentágono tendría una participación del 35 % en la empresa. Este trabajo sostiene que, a partir de la información conocida, el acuerdo presenta graves objeciones constitucionales en Venezuela y una base jurídica cuestionable en Estados Unidos. En Venezuela, examina la inexistencia de la concesión como figura del derecho petrolero y la incompatibilidad con el régimen vigente de un plazo de cien años, anunciado por Trump pero no verificable en el texto contractual; el respaldo de la Asamblea Nacional al anuncio sin conocer el texto; y los vicios de la reforma de 2026, de la Ley Antibloqueo y de la legitimidad de las autoridades interinas. En Estados Unidos, cuestiona la base legal de la participación del Pentágono y examina los límites de la autoridad presidencial. Concluye que estas objeciones generan riesgos de nulidad, de arbitrajes internacionales y de inseguridad jurídica para las empresas participantes.

El 28 de agosto de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y que, según afirmó, se alcanzó junto con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Según la Casa Blanca, el acuerdo prevé el desarrollo de 17 campos petroleros que concentran aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas que califica de probadas, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas oficiales del país, de poco más de 300.000 millones. Según esa versión, el acuerdo otorgaría a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) derechos de explotación a largo plazo, mientras que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Office of Strategic Capital (OSC) del Pentágono, adquiriría una participación del 35 % en dicha compañía, además de derechos preferentes de compra sobre la producción. La idea de que Estados Unidos se apodere del petróleo de otros países no es nueva. Trump ya había planteado en 1987, en una entrevista con Barbara Walters, la posibilidad de apoderarse del petróleo iraní: “¿Por qué no podríamos entrar y tomar parte de su petróleo, que está junto al mar?” A lo largo de los años, ha vuelto con frecuencia a la idea de que Estados Unidos debería quedarse con el petróleo de otros países tras un conflicto militar, como en los casos de Libia e Irak.

La propia naturaleza del acuerdo expresa, además, una contradicción interna en Washington. Trump anunció que “Estados Unidos de América acaba de celebrar un Acuerdo con el País de Venezuela”, aunque en el mismo mensaje atribuyó el control a una asociación con empresas privadas, y el Departamento de Estado sostiene una posición más tajante: “Este es un acuerdo privado con una empresa privada. No es un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela y no hubo un proceso político incluido en las negociaciones”.

Desde su anuncio, ambos gobiernos presentaron el convenio como un hito histórico capaz de reactivar la devastada industria petrolera venezolana, atraer inversiones por más de 100.000 millones de dólares y garantizar a Estados Unidos un suministro estable y de bajo costo. Los problemas jurídicos que subyacen a esa retórica son más graves.

El acuerdo formó parte de un proceso más amplio de reconfiguración de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos que, desde el 3 de enero de 2026, ha venido combinando reformas legislativas aceleradas, la emisión progresiva de un complejo sistema de licencias por parte de la OFAC y mecanismos de control financiero sobre los ingresos petroleros. En ese marco, el convenio de agosto-septiembre de 2026 ha sido su expresión más concreta y de mayor envergadura, aunque no la única.

Sostenemos que el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela, en lo que se conoce de su contenido, es inconstitucional en Venezuela y legalmente frágil en Estados Unidos. En Venezuela, el convenio se fundamenta en normas inconstitucionales (la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de 2026 y la Ley Antibloqueo), fue suscrito por autoridades interinas sin legitimidad democrática y se ejecutó al margen de los controles parlamentarios que exige la Constitución. En Estados Unidos, carece de una base legal sólida para la participación accionaria del Pentágono y se ubica en la zona más débil del poder presidencial según la doctrina jurisprudencial vigente en ese país. Estas deficiencias elevan el riesgo de nulidad futura, desalientan la participación de las grandes petroleras internacionales y dejan al acuerdo expuesto a ser revertido o reinterpretado ante cualquier cambio de peso en el escenario político de Caracas o de Washington.

El texto íntegro del acuerdo no ha sido publicado por ninguna de las dos partes. Por eso nuestro análisis se apoya en los aspectos parciales del acuerdo que ambos gobiernos han descrito públicamente, en filtraciones a la prensa sobre el Acuerdo (entre ellas la de ProPublica, publicada el 20 de octubre, que informó haber revisado una copia de 18 páginas y que no hemos podido verificar de forma independiente) y en los instrumentos normativos y contractuales que sí se conocen, entre ellos la reforma de la LOH de 2026, su Reglamento, las licencias de la OFAC y las declaraciones oficiales. Cada vicio señalado se refiere a ese contenido anunciado, y la negativa a someter el texto al escrutinio público forma ya parte del problema jurídico. Empleamos “inconstitucional” en sentido sustantivo, es decir, contrario a la Constitución, con independencia de lo que haya resuelto un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuya falta de independencia documentamos en 2.5. Salvo indicación contraria, las traducciones de textos en inglés son propias.

El marco fáctico del acuerdo

El marco fáctico del acuerdo

El acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela fue anunciado de manera casi simultánea por ambos gobiernos a finales de agosto de 2026, pero las versiones ofrecidas presentan diferencias de fondo que, por sí solas, ya anticipan los problemas de seguridad jurídica que lo aquejan.

Según la Hoja Informativa (Fact Sheet) publicada por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026, el gobierno interino venezolano otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa con sede en Barbados, fundada hace apenas dos años y controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, descrita por ejecutivos de la industria como “una empresa poco conocida” y cuya capacidad y credibilidad para asumir un proyecto de esta envergadura ponen en duda, “concesiones” de 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas que dicho documento califica de probadas y que, según sus cifras, alcanzarían aproximadamente 65.000 millones de barriles. La cifra de reservas es objeto de contradicción incluso dentro del propio gobierno venezolano, pues el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, William Castillo, cuestiona los 65.000 millones de barriles de la Casa Blanca: “no son 65.000 millones. Esa es una cifra que pone la administración de Estados Unidos. (…) Son 11.000 millones de barriles”. La presidenta interina, en cambio, había hablado en su comunicado del 28 de agosto de “un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo”, de modo que la contradicción se da entre ella y su viceministro. Esa falta de coincidencia en un dato tan básico aumenta la incertidumbre sobre el contenido del acuerdo. Las reservas oficiales del país, de poco más de 300.000 millones de barriles, también son discutidas por algunos especialistas. Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, explica que las de la Faja del Orinoco se calcularon con un factor de recobro del 20 %, muy por encima del 5 % al 8 % que Venezuela ha logrado en la práctica, y que por eso no se ajustan al concepto de reserva probada que usan las empresas internacionales. Según su estimación, los 65.000 millones de barriles anunciados quedarían en menos de la tercera parte si se listaran en una bolsa de Estados Unidos. Carlos Mendoza Pottellá, experto en materia petrolera, rechaza igualmente la cifra de 300.000 millones y sostiene que las reservas realmente recuperables son mucho menores. Tomamos aquí las cifras oficiales solo como referencia del compromiso anunciado.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, según la hoja informativa de la Casa Blanca. En virtud de ese mismo arreglo, NABEP concedió a la OSC del Departamento de Defensa de Estados Unidos una participación accionaria del 35 % en su estructura corporativa, y otorgó al Departamento de Estado el derecho a comprar el 20 % de la producción a costo y un derecho de primera opción sobre el 80 % restante. Sin embargo, el Pentágono informó por escrito al Comité de Servicios Armados del Congreso que lo que tiene son “warrants” en NABEP (derechos de compra de acciones), no las acciones mismas. Ese documento contradice la versión de la Casa Blanca sobre una participación accionaria del 35 %. ProPublica, que el 20 de octubre informó haber revisado una copia del acuerdo de 18 páginas, añade que Estados Unidos no pagaría nada por adelantado y adquiriría su participación mediante warrants a 0,01 dólares por acción, con una opción que vence a los 75 años, y que la participación se definirá en “documentos de implementación” todavía pendientes. Según el mismo medio, el acuerdo solo surtirá plenos efectos cuando se cumplan sus condiciones de cierre, que podrían darse en cuestión de meses. La Casa Blanca enfatizó que el acuerdo se rige por el derecho estadounidense y está sujeto a la jurisdicción de tribunales de ese país, y que el gobierno de Estados Unidos tiene poder de veto sobre la composición de la junta directiva de NABEP, la cual deberá tener mayoría de ciudadanos estadounidenses. Según funcionarios estadounidenses citados por el Wall Street Journal, la empresa respaldada por el Estado “sería el segundo mayor tenedor corporativo de reservas probadas después de Saudi Aramco”.

Según una persona familiarizada con las conversaciones, Betancourt y el secretario de Estado Marco Rubio, así como la presidenta interina Delcy Rodríguez, participaron en las negociaciones iniciales. Posteriormente se recurrió al Pentágono para que proporcionara financiación: “Al final necesitaban financiación; por eso acudieron al Pentágono”, declaró esa persona.

La versión del gobierno interino venezolano, expuesta por Delcy Rodríguez en una alocución televisada el 29 de agosto, difiere en puntos sustanciales. Según la presidenta interina, el acuerdo tiene una vigencia de 25 años (no de 100, como afirma la Casa Blanca), contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y generaría ingresos para el Estado venezolano de 209.335 millones de dólares (calculados a un precio de 65 dólares por barril). Rodríguez insistió en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales, y presentó el convenio como un “acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos” y como un “proyecto binacional”. La hoja informativa de la Casa Blanca maneja una cifra cercana. Según ese documento, NABEP pagará aproximadamente 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años. Según ProPublica, el acuerdo no obliga de forma explícita a NABEP a pagar a Venezuela esas sumas. En la presentación ante la Asamblea Nacional, el diputado Miguel Pérez Abad añadió otras cifras de empleo, inversión y producción.

Voceros del régimen venezolano remitieron al marco de la Ley Antibloqueo al explicar la falta de publicación del texto completo del acuerdo. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, quien formó parte del equipo que redactó dicha ley, explicó que el modelo de Contratos de Participación Productiva (CPP) utilizado en el convenio “se creó en la Ley Antibloqueo” y que, en el contexto actual, “hay razones para guardarse unas cosas”. La decisión fue objeto de fuertes críticas tanto dentro como fuera de Venezuela. La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, se limitó a respaldar, el 1 de septiembre, el anuncio del convenio, sin conocer su contenido. El presidente de ese cuerpo, Jorge Rodríguez, indicó que el debate sobre el texto se produciría “llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional”, pero hasta el cierre de este trabajo (22 de octubre de 2026) no consta que ese debate se haya dado de manera pública, a pesar de que el 17 de octubre la presidenta interina habló de “17 campos que se firmaron, 17 acuerdos”, lo que indicaría que ya se cumplió la condición que él mismo fijó.

La opacidad llega también a los propios funcionarios del gobierno venezolano. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, lo reconoció al afirmar que “yo no tengo tampoco el acuerdo, ni tengo por qué tenerlo. Lo que no estoy es desesperado por tenerlo, ni puedo decirle al mundo que tengo el derecho a tenerlo. No tengo el derecho a tenerlo, porque hay unos líderes, ¿verdad?, y esos líderes son los que llevan el proceso de negociación”. En otro momento de la misma entrevista fue más directo: “yo no conozco el acuerdo. Es verdad, eso lo lleva un equipo del alto gobierno”. Llama la atención que incluso un viceministro que formó parte del equipo que redactó la Ley Antibloqueo no haya tenido acceso al texto del convenio que su propio gobierno defiende.

La figura de Betancourt complica todavía más el asunto. Una investigación masiva por lavado de dinero que abarca varios países lo ha perseguido. La intervención estadounidense para favorecer a Betancourt y facilitar su incorporación al acuerdo fue reconstruida con detalle por The Washington Post. Según lo publicado, entre enero y junio de 2026 altos funcionarios de los departamentos de Estado y de Justicia gestionaron ante las autoridades suizas que Betancourt pudiera viajar y que, preferiblemente, el caso se resolviera sin sanciones penales, y luego se le facilitó una visa de entrada múltiple.

The New York Times aporta más datos sobre la trayectoria de Betancourt. Saltó a la fama en la década de 2010, cuando el gobierno venezolano le adjudicó a él y a sus socios contratos para construir numerosas centrales eléctricas, a pesar de que no tenían experiencia en ese tipo de trabajos. Estos acuerdos les valieron el apodo de “bolichicos”. Posteriormente adquirió una participación en Petrozamora, que operaba yacimientos maduros en el lago de Maracaibo y se convirtió en la base de NABEP. Según su sitio web, NABEP produce alrededor de 200.000 barriles diarios y planea endeudarse hasta por 5.000 millones de dólares para aumentar la producción a un millón de barriles en los próximos cinco años. Estimaciones independientes recogidas en un análisis de Hernández para el CSIS sitúan la producción de sus tres empresas conjuntas en unos 124.000 barriles diarios a finales de agosto. Aun así, la meta de 1,5 millones de barriles diarios para el proyecto bilateral equivale a más de siete veces la producción que la propia empresa declara hoy.

La consejera general de NABEP, Sara Chouraqui, ha declarado que Betancourt “nunca ha sido acusado de ningún delito en ninguna jurisdicción”, aunque investigación, orden de arresto y acusación formal son cosas distintas. Según tres personas que lo conocen, Betancourt fue incorporado a la negociación por un asociado privado del secretario de Estado Marco Rubio. Y funcionarios del gobierno venezolano ahora en el poder contrataron investigadores y hackers para indagar en el origen del dinero de Betancourt, según ha podido saber The Guardian.

El profesor José Ignacio Hernández advirtió que de los 17 proyectos tres ya están en poder de NABEP y que los restantes son objeto de contratos previos con operadores extranjeros, incluidos de origen chino y ruso, suscritos al amparo de la Ley Antibloqueo. La implementación del nuevo esquema exigiría, por tanto, un proceso de reingeniería contractual o de “desalojo” de esos operadores previos, con las complicaciones prácticas y jurídicas que ello supone.

De lo poco que se ha hecho público del acuerdo, hay al menos tres rasgos fácticos determinantes para el análisis jurídico posterior:

la discrepancia entre las versiones de Washington (100 años, “concesiones”, participación accionaria del Pentágono) y Caracas (25 años, preservación de la soberanía);

la discrepancia entre las versiones de Washington (100 años, “concesiones”, participación accionaria del Pentágono) y Caracas (25 años, preservación de la soberanía);

la ausencia total de publicación del texto contractual; y

la ausencia total de publicación del texto contractual; y

la adjudicación directa, según lo anunciado, de los 17 campos a una sola empresa privada (NABEP), sin proceso conocido de concurrencia de ofertas, en un contexto en el que varios de esos proyectos ya tienen operadores preexistentes.

la adjudicación directa, según lo anunciado, de los 17 campos a una sola empresa privada (NABEP), sin proceso conocido de concurrencia de ofertas, en un contexto en el que varios de esos proyectos ya tienen operadores preexistentes.

Los tres son el punto de partida de los vicios jurídicos que se examinan a continuación.

Obstáculos en el ordenamiento jurídico venezolano

Obstáculos en el ordenamiento jurídico venezolano

El acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela presenta múltiples vicios de origen que comprometen su validez jurídica bajo el ordenamiento constitucional venezolano. Son vicios que afectan la propia existencia legal del convenio y aumentan el riesgo de que sea anulado más adelante.

Imposibilidad de otorgar concesiones y de transferir derechos reales sobre los yacimientos

Imposibilidad de otorgar concesiones y de transferir derechos reales sobre los yacimientos

El anuncio de la Casa Blanca se construye sobre la premisa de que el gobierno de Venezuela otorgaría a NABEP “concesiones” de 100 años sobre 17 campos. Sin embargo, el derecho venezolano no reconoce la figura de la concesión petrolera desde el 1 de enero de 1976. La reforma de la LOH de enero de 2026 tampoco la restablece. Como recuerda Hernández, “las últimas concesiones que se otorgaron en Venezuela quedaron extinguidas el primero de enero de 1976, cuando entró en vigencia la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos”.

Los únicos instrumentos que permite la ley vigente son los contratos de servicio petrolero (denominados en la práctica Contratos de Participación Productiva, CPP, o Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos, CPPH). En estos contratos, el inversionista privado no adquiere derechos reales sobre los yacimientos. Actúa por cuenta de PDVSA Petróleo, S.A. (PPSA), filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), o de las empresas mixtas controladas por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Como explica Hernández, “solo pueden ser titulares de esos derechos reales PPSA y las empresas mixtas. Los contratistas privados actúan por cuenta de PPSA y la empresa mixta. No son titulares de derecho real alguno, son titulares de derechos contractuales.”

Por consiguiente, el gobierno de Venezuela no puede otorgar a NABEP ni a ningún particular derechos reales sobre los yacimientos, ni transferirle el control de la industria petrolera. Cualquier intento en ese sentido colisiona directamente con los artículos 12 y 302 de la Constitución y con el diseño mismo de la LOH de 2026.

Imposibilidad de contratos por 100 años

Imposibilidad de contratos por 100 años

Aun si se intentara reconducir el anuncio hacia la figura del Contrato de Servicio Petrolero (CSP), la duración de 100 años resulta inviable. El artículo 35, numeral 1, de la LOH limita la creación de empresas mixtas a un máximo de 25 años, prorrogable por hasta 15 años adicionales. Por interpretación analógica (la ley no fija expresamente un lapso para el contrato que celebra PPSA) y por aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue a lo principal, los contratos de servicio que esas empresas mixtas o PPSA puedan celebrar no pueden exceder ese lapso. Hernández lo plantea así: “(…) Una empresa mixta creada por 25 años no puede firmar un contrato por 100 años”. La práctica reciente parece corroborarlo, ya que los CPP se están otorgando por 25 años. ProPublica recuerda que Trump ha dicho que el acuerdo asegurará el dominio energético de Estados Unidos por el próximo siglo, pero el texto indica que los derechos de compra de Estados Unidos vencen a la mitad de ese plazo (50 años) y que los derechos operativos parecen chocar con el límite venezolano de 25 años. Aparte, un funcionario estadounidense, sin identificar, afirmó que Rodríguez había otorgado a NABEP concesiones por cien años; esa cifra no figura en el acuerdo y parece contradecir la ley venezolana. Los “cien años” anunciados por la Casa Blanca carecen entonces de asidero legal. Ese lapso de 25 años responde además a la interpretación favorable del artículo 113 de la Constitución, que solo admite concesiones sobre recursos naturales por tiempo determinado. Ese artículo no es la fuente de la imposibilidad de la concesión petrolera, que proviene de la legislación de hidrocarburos y del artículo 302 (2.1), y solo refuerza la exigencia de un plazo definido. La propia petrolera estatal intentó aclarar la contradicción. El 7 de septiembre, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, explicó que el contrato firmado tiene inicialmente una duración de 25 años y puede renovarse por períodos similares, lo que indica que los “cien años” de la Casa Blanca corresponderían, a lo sumo, a la suma de renovaciones sucesivas y no a un plazo contractual único. Aun bajo esa lectura, la suma de renovaciones excedería el máximo de 40 años (25 más 15) que, por la misma analogía, fija el artículo 35, numeral 1.

La estructura de tres niveles y la inejecutabilidad del anuncio tal como fue formulado

La estructura de tres niveles y la inejecutabilidad del anuncio tal como fue formulado

El profesor José Ignacio Hernández propuso una lectura que explica por qué el anuncio de la Casa Blanca, tal como fue presentado, resulta inejecutable bajo el derecho venezolano. La única forma posible, y todavía incompleta, de llevarlo a la práctica pasaría por tres relaciones contractuales jurídicamente separadas:

Un contrato entre el gobierno de Estados Unidos y NABEP (o su matriz), regido por el derecho estadounidense. Este contrato puede incluir la participación del 35 %, los derechos de veto y la compra del 20 % a costo. Sin embargo, por el principio de relatividad de los contratos, sus efectos no son oponibles a PDVSA ni a la República. Como subraya Hernández, ese contrato “puede ser por 100 años, (…) por 200 años, (…) por tres siglos, de cara al derecho de Venezuela es absolutamente irrelevante”. En la misma línea, Gonzalo Monroy, director de la firma GMEX, observa que el acuerdo “sería manejado bajo jurisdicción norteamericana, no venezolana”, lo que a su juicio constituye “una clara violación a la Ley de Hidrocarburos de Venezuela”. Agregamos que también resulta violatorio de los artículos 12 y 302 de la Constitución.

Un contrato entre el gobierno de Estados Unidos y NABEP (o su matriz), regido por el derecho estadounidense. Este contrato puede incluir la participación del 35 %, los derechos de veto y la compra del 20 % a costo. Sin embargo, por el principio de relatividad de los contratos, sus efectos no son oponibles a PDVSA ni a la República. Como subraya Hernández, ese contrato “puede ser por 100 años, (…) por 200 años, (…) por tres siglos, de cara al derecho de Venezuela es absolutamente irrelevante”. En la misma línea, Gonzalo Monroy, director de la firma GMEX, observa que el acuerdo “sería manejado bajo jurisdicción norteamericana, no venezolana”, lo que a su juicio constituye “una clara violación a la Ley de Hidrocarburos de Venezuela”. Agregamos que también resulta violatorio de los artículos 12 y 302 de la Constitución.

Contratos de Participación Productiva (CPP/CPPH) entre NABEP y PPSA o las empresas mixtas. Estos son los únicos instrumentos válidos bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos. A ellos se agregan las licencias de la OFAC, en particular la licencia general 52C, de la que depende PDVSA para celebrar estos contratos. Los ingresos derivados de las exportaciones petroleras deben depositarse en las cuentas de depósito de gobierno extranjero reguladas por la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, que otorga al Departamento del Tesoro control efectivo sobre esos flujos.

Contratos de Participación Productiva (CPP/CPPH) entre NABEP y PPSA o las empresas mixtas. Estos son los únicos instrumentos válidos bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos. A ellos se agregan las licencias de la OFAC, en particular la licencia general 52C, de la que depende PDVSA para celebrar estos contratos. Los ingresos derivados de las exportaciones petroleras deben depositarse en las cuentas de depósito de gobierno extranjero reguladas por la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, que otorga al Departamento del Tesoro control efectivo sobre esos flujos.

Eventuales subcontratos operativos celebrados por NABEP con otros operadores para el desarrollo de los proyectos. En este tercer nivel, NABEP operaría como una suerte de PDVSA paralela, asociándose con inversionistas privados o subcontratándolos para el resto de los proyectos.

Eventuales subcontratos operativos celebrados por NABEP con otros operadores para el desarrollo de los proyectos. En este tercer nivel, NABEP operaría como una suerte de PDVSA paralela, asociándose con inversionistas privados o subcontratándolos para el resto de los proyectos.

Esta estructura de tres niveles demuestra que el “acuerdo histórico” anunciado no puede implementarse como una concesión de 100 años ni como una transferencia de control de la industria a NABEP o al gobierno de Estados Unidos. Cualquier intento de hacerlo en esos términos choca con el ordenamiento venezolano. Reconducir el anuncio a un contrato de participación productiva de 25 años subsana los vicios que examinamos en 2.1 y 2.2, pero no los de 2.4 a 2.9. Según esta lectura de Hernández, ninguno de esos tres niveles de gobernanza supone, por lo demás, un acuerdo bilateral o un tratado entre Estados Unidos y Venezuela, aunque el gobierno interino lo haya presentado como un “acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos” (véase más abajo).

Washington ha presentado la naturaleza del acuerdo en dos versiones incompatibles. Para Trump, en su anuncio, es un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela (si bien su mensaje atribuye el control a una asociación con empresas privadas); para el Departamento de Estado, un acuerdo privado con una empresa privada. El vocero de NABEP, citado por ProPublica, respaldó esa segunda versión al afirmar que el acuerdo es entre la empresa y el gobierno de Estados Unidos, y no con Venezuela.

El gobierno interino lo presentó, a su vez, como un “acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos” y como un “proyecto binacional”, lo que contradice la afirmación del Departamento de Estado de que no se trata de un acuerdo con el gobierno interino. La propia Casa Blanca adoptó la descripción del Departamento de Estado en su comunicado del 2 de septiembre, aunque el mismo texto atribuye la firma a los secretarios Rubio y Hegseth y, como el mensaje de Trump, habla de control mayoritario estadounidense sobre las reservas. Por eso planteamos en subsidio el análisis que sigue. Si se trata de un acuerdo privado, como sostiene el Departamento de Estado, rigen las limitaciones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de los artículos 12 y 302 de la Constitución, así como el artículo 150, que exige la aprobación parlamentaria de los contratos de interés público con sociedades no domiciliadas en el país, como parece ser el caso de NABEP, con sede en Barbados (véase 2.9). Si, en cambio, se trata de un acuerdo entre Estados, como proclamó el propio Trump, entra además en juego el artículo 154 y el régimen de los tratados. Lo que no resulta admisible es que cada versión se invoque según convenga, la naturaleza privada para sustraer el acuerdo al control parlamentario y la naturaleza estatal para exhibirlo ante el mundo como un pacto entre gobiernos. Esa ambigüedad es un defecto del propio convenio. Tiene consecuencias también en Washington. Según Michael Mattler, antiguo Asesor Jurídico Adjunto para Asuntos de Tratados del Departamento de Estado, si el acuerdo es un contrato con una empresa privada regido por el derecho estadounidense, como lo describe la Casa Blanca, podría quedar fuera del régimen de divulgación de acuerdos internacionales de la Ley Case-Zablocki, que solo alcanza a los acuerdos entre Estados regidos por el derecho internacional.

Violación del artículo 150 (y posiblemente del 154) de la Constitución

Violación del artículo 150 (y posiblemente del 154) de la Constitución

El artículo 150 de la Constitución somete a la aprobación de la Asamblea Nacional los contratos de interés público nacional “en los casos que determine la ley” y, en su segundo párrafo, prohíbe celebrar o traspasar, sin esa aprobación, cualquier contrato de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. Si el instrumento se califica como tratado, el artículo 154 impone el mismo control parlamentario antes de su ratificación, salvo las excepciones que el propio artículo enumera: los tratados que ejecutan o perfeccionan obligaciones preexistentes de la República, aplican principios expresamente reconocidos por ella, ejecutan actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercen facultades que la ley atribuye expresamente al Ejecutivo. Ninguna de ellas parece cubrir un acuerdo de esta magnitud, aunque sus defensores podrían invocar alguna. En el presente caso, la Asamblea Nacional solo respaldó el anuncio, sin conocer ni debatir el texto del acuerdo. Como recuerda Hernández, ese respaldo “es un acuerdo político, pero no es la ley aprobatoria de un tratado, que no se ha dictado”, lo que atribuye, “muy probablemente”, a que “no hay acuerdo bilateral y puede que no haya acuerdo bilateral”. Si fuera cierta la versión de la Casa Blanca, la de un acuerdo entre Estados, esa omisión supondría un vicio de nulidad absoluta. Además, por las dimensiones extraordinarias del proyecto (65.000 millones de barriles y décadas de vigencia), los contratos que eventualmente se celebren con NABEP deben considerarse de interés público nacional. Entre los criterios que la doctrina y la jurisprudencia venezolanas utilizan para identificar esos contratos figuran su objeto determinante para los fines del Estado, su incidencia considerable en la economía y las finanzas públicas y el que comprometan obligaciones que se extienden a varios ejercicios fiscales, y un proyecto de estas dimensiones y duración los cumple, en principio, todos. La propia Asamblea Nacional definió en 2016 los contratos de interés público como, entre otros, los vinculados con “grandes contrataciones que pudieren comprometer gravemente el patrimonio de la República o exponerla a pérdidas serias o a reclamaciones internacionales eventualmente lesivas de la soberanía o la integridad del país”. Hernández llega a la misma conclusión y sostiene que, por “las dimensiones en las que se nos ha presentado”, cualquier acuerdo que celebre el gobierno de Venezuela para implementarlo es de interés público nacional (artículos 150 y 151 de la Constitución). Esa lectura alcanza también a los contratos que suscriba PDVSA. Según Hernández, “en Venezuela nunca se ha cuestionado que PDVSA (...) puede suscribir contratos de interés público nacional que, al ser celebrados con sociedades o Gobiernos extranjeros, deben ser previamente autorizados por la Asamblea Nacional”, y la duda solo se planteó a partir de 2016. La Asamblea Nacional ha tratado además como contratos de interés público operaciones de PDVSA, como el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust (acuerdo de 2018) y la emisión del Bono PDVSA 2020 (acuerdo de 2019), esta última por considerarla contraria al artículo 150 al no haber sido autorizada. El jurista Rafael Badell Madrid sostiene, en el mismo sentido, que los contratos de las empresas del Estado también pueden ser de interés público cuando afectan directamente los intereses de la República, y recuerda que la Sala Constitucional calificó así, en 2003, un contrato de CVG Electrificación del Caroní (EDELCA) con empresas brasileñas. Dolores Dobarro coincide en que debería ir a la Asamblea, aunque por otra vía: “Yo no lo pongo como contrato de interés público; lo pondría más bien a nivel de acuerdo entre Gobiernos... y sí debería ir a la Asamblea, aun cuando existe la interpretación de que esto no es un tratado, sino simple acuerdo”. El diputado Luis Emilio Rondón, del Grupo Parlamentario Libertad, lo resumió así: “No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos”. La aprobación parlamentaria es, entonces, la condición formal mínima que exige el artículo 150 para este tipo de contratos. Ese mismo acuerdo de 2016 sostuvo, de hecho, que la Constitución la exige de manera categórica cuando la contraparte es un Estado, una entidad oficial extranjera o una sociedad no domiciliada en Venezuela, y advirtió que serán absolutamente nulos los contratos de esa clase celebrados sin ella. La Procuraduría General de la República sostuvo lo mismo en un oficio de 2002, en el que calificó la aprobación de la Asamblea Nacional como “requisito sine qua non” de un contrato de interés público estadal con una sociedad extranjera. Aun si esa aprobación llegara a obtenerse, su cumplimiento por las instituciones actuales no bastaría para sanear la falta de legitimidad democrática de quienes las ejercen (véase 2.7).

El artículo 151 añade un segundo límite, que retomamos en 4.2. Dispone que en los contratos de interés público se considerará incorporada, aunque no se haya pactado expresamente, una cláusula conforme a la cual las dudas y controversias que las partes no resuelvan de forma amistosa serán decididas por los tribunales competentes de la República, conforme a sus leyes, “sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”. La incorporación tiene una salvedad, pues solo opera “si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos”.

Si los contratos que implementen el acuerdo son de interés público nacional, como sostiene Hernández, dos previsiones chocarían con esa cláusula: la sumisión a tribunales de Estados Unidos que anuncia la Casa Blanca, en la medida en que pretenda alcanzar al Estado venezolano o a PDVSA, y cualquier arbitraje internacional que se pacte en esos contratos. Según ProPublica, el acuerdo somete las controversias entre la empresa y Estados Unidos a la ley estadounidense, y a la de Texas donde aquella no aplique, y exige que cualquier juicio civil o arbitraje se ventile ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, sin que Venezuela pueda impugnarlo en sus tribunales. Esa cláusula opera entre la empresa y Estados Unidos, lo que concuerda con la estructura de tres niveles que describimos en 2.3. Los defensores del acuerdo podrían invocar la salvedad y, sin conocer el texto, no podemos descartar que les asista. La doctrina ha entendido la salvedad como una inmunidad de jurisdicción relativa y ha vinculado la “naturaleza del contrato” a las posibilidades prácticas de concertar ciertos negocios, como los empréstitos públicos, sin que el Estado pueda exigir preeminencia, aunque sin un criterio uniforme. Melich-Orsini sostuvo incluso que esa apreciación corresponde a los propios Poderes Públicos, y la Corte Suprema de Justicia precisó en 1999 que la “naturaleza” del contrato no se reduce a lo mercantil. Aun así, les correspondería explicar por qué la naturaleza de estos contratos hace improcedente la jurisdicción venezolana, y una afirmación genérica sería insuficiente.

Esa discusión se agudiza porque el artículo 8 de la LOH 2026 habilita expresamente el arbitraje en los contratos del sector y exime de la opinión de la Procuraduría las cláusulas fijadas conforme a lineamientos ministeriales. La Sala Político-Administrativa calificó en 2010 de “formalidad sustancial” la remisión a la Procuraduría de los proyectos de contrato, con la opinión de la Consultoría Jurídica sobre la procedencia de la cláusula de arbitraje. Queda por resolver si una ley puede desplazar una cláusula que la Constitución incorpora por mandato propio. Frente a ese interrogante, la presidenta interina sostuvo el 17 de octubre que la actual LOH ofrece “seguridad jurídica absoluta para los inversionistas”, con un “régimen de arbitraje y de resolución de conflictos adaptado a la ley”. Una afirmación de ese tipo no resuelve si la ley puede desplazar la cláusula constitucional. Nuestra opinión es que ello no es posible. 

Inconstitucionalidad de la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026

Inconstitucionalidad de la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026

El acuerdo se fundamenta en la reforma de la LOH aprobada en enero de 2026, que constitucionalistas como José Ignacio Hernández han cuestionado insistentemente por vulnerar la Constitución.

El TSJ avaló la reforma, pero ese aval carece de todo valor como control de........

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