En Chile, menos de un mes después de su toma de posesión en el Palacio de La Moneda, el gobierno del neopinochetista José Antonio Kast ya navega por aguas turbulentas.

La luna de miel ha sido muy breve. Mientras escribo, la aprobación del gobierno ha pasado del 47,5 % al inicio de su mandato al 34,7 % actual, con una caída de 12,8 puntos. Paralelamente, la desaprobación ha subido del 26,3 % al 48,7 % ( 22,4 puntos), lo que refleja un escenario de alta volatilidad en la opinión pública [i].

¿Cómo es posible desperdiciar en tan solo unas semanas el capital político que le permitió a Kast obtener el mayor número de votos en la historia de Chile?

La campaña electoral de Kast se había centrado en dos pilares fundamentales: presentarse como el candidato del orden frente a la delincuencia (y la inmigración ilegal «que genera violencia») y una promesa de austeridad neoliberal con un recorte de gastos de 6 mil millones de dólares, lo que supone una reducción del 3 % en los fondos destinados a los ministerios. Insinuando una gestión poco clara del gobierno de Boric, Kast prometió una auditoría total del aparato estatal y luchar contra «el despilfarro».

La foto tomada en la campaña electoral junto al presidente argentino Javier Milei, con una motosierra en la mano, es la imagen más elocuente de la voluntad del nuevo gobierno —integrado por empresarios y nostálgicos del pinochetismo— de revivir las habituales recetas neoliberales para aumentar las ganancias y los privilegios, y tomarse alguna revancha política.

Así, desde el 11 de marzo hasta hoy, el «gobierno de emergencia» de Kast intenta aplicar una «terapia de choque», de «austeridad neoliberal», basada en la narrativa de un país «que se estaba cayendo en pedazos».

El gobierno ha actuado a un ritmo acelerado, pero ha generado muchas dudas sobre la dirección que está tomando, incluso dentro de su propia coalición, donde empiezan a aparecer las primeras grietas y muchas de las decisiones tomadas han hecho saltar las alarmas.

La inmigración y la zanja en la frontera

En lo que respecta a la inmigración «irregular», se ha reforzado el control militar de las fronteras. Al mismo tiempo, el gobierno está recortando drásticamente los permisos de residencia y trata de llevar a cabo las expulsiones. Además, en la frontera con Perú, se está cavando una zanja de algunos kilómetros para combatir la inmigración ilegal y el contrabando. Una imitación a pequeña escala de lo que hizo Trump, con una obra que muchos consideran inútil y cuyo costo total se desconoce.

¿Un país en bancarrota?

Por el contrario, el plan de austeridad neoliberal es más complejo y apenas ha comenzado, aunque a un ritmo acelerado.

El meollo de la controversia es la situación fiscal. Para justificar los recortes de 6 mil millones de dólares anunciados durante la campaña electoral, el gobierno de Kast ha tratado de imponer una narrativa de catástrofe económica y bancarrota heredada del gobierno de Boric. El nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha afirmado que Boric había dejado las arcas vacías, lo que fue inmediatamente desmentido por el anterior ministro. Lástima que, poco después, Quiroz anunciara la reducción de los impuestos sobre las donaciones y, sobre todo, una reducción de los impuestos a las grandes empresas del 27 al 23 %, en línea con la promesa de generar inversiones mediante la bajada de impuestos.

Entre las críticas más reputadas a los recortes anunciados en el gasto público y a la reducción de los impuestos a las grandes empresas, se encuentra la de Stefany Griffith Jones, exvicepresidenta del Banco Central, quien sostiene que «uno de los objetivos del nuevo gobierno es "impulsar el........

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