Presidenta interina Rodriguez, la administración de justicia en cualquier Estado de Derecho se cimienta en la confianza ciudadana, un pilar fundamental que se materializa en la Fe Pública. Cuando esta es vulnerada de manera flagrante, el sistema judicial tiene la ineludible obligación de actuar con la máxima celeridad y contundencia. El caso BP11-P-2021-000654, que actualmente se ventila ante un tribunal de juicio oral y público del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, representa un claro ejemplo de cómo la inacción o la posible desestimación de pruebas irrefutables pueden socavar los cimientos de nuestra institucionalidad.

La evidencia en este proceso penal es abrumadora y no admite sofismos. Un poder notarial, que figura como "autenticado" en la Notaría Pública Segunda de la ciudad de El Tigre, fue sometido a una Experticia Grafotécnica ordenada por el Ministerio Público al Cuerpo de

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). El dictamen de este organismo, emitido en el año 2021, fue categórico: la firma que aparece en dicho poder es totalmente falsa. Este peritaje, de carácter científico y técnico, es consistente y veraz, máxime cuando el referido documento, según copia certificada obtenida en 2020, presenta a simple vista borrones, tachaduras y superposiciones de sellos húmedos, elementos que, por sus peculiaridades, lo rotulan inequívocamente como forjado.

Pero la gravedad de los hechos no se detiene allí doctora Rodriguez. Una investigación reciente, realizada a principios de 2026 sobre la documentación que reposa en el Registro........

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