Mientras Washington mantiene una extensa arquitectura de sanciones económicas contra Irán y persigue sus redes de comercialización petrolera, sus propias declaraciones frente a Ucrania revelan otro estándar, basado en la protección de los intereses energéticos estadounidenses. Una contradicción que vuelve a poner sobre la mesa la selectividad de la política exterior de Estados Unidos.

Las sanciones económicas contra Irán constituyen uno de los instrumentos más prolongados de presión internacional ejercidos por Washington. Su origen se remonta a 1979, después de la Revolución iraní y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Desde entonces, diferentes administraciones estadounidenses han ampliado y profundizado las restricciones económicas, financieras y comerciales contra la República Islámica.

La documentación oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) permite dimensionar su amplitud. Su programa de sanciones contempla restricciones sobre sectores estratégicos de la economía, entre ellos el petróleo, los productos petroquímicos, las finanzas, el transporte marítimo, la industria siderúrgica y determinadas actividades tecnológicas iraníes.

No se trata solamente de impedir que empresas estadounidenses comercien con Irán. Las disposiciones pueden alcanzar a terceros países y compañías extranjeras que mantengan determinadas relaciones comerciales con entidades iraníes sancionadas, exponiéndolas a perder acceso al sistema financiero estadounidense, extendiendo su capacidad de presión económica más allá de sus propias fronteras.

El petróleo como instrumento de presión

Uno de los principales objetivos de esta política ha sido la industria petrolera iraní, una actividad fundamental para los ingresos del país y su inserción en el comercio internacional.

El 8 de........

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